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contribuirían a aumentar la sensación de gravedad y de urgencia de adoptar medidas frente a
este fenómeno, especialmente si esto se realiza ante foros internacionales. Uno de los expertos
considera complejo “que los gobiernos reconozcan la corrupción como una conducta con una
definición técnica que la tipifica como ilegal y violatoria de derechos humanos y no como un asunto
político. Que la identificación de dicha conducta implica, además, la responsabilidad del Estado y
genera la obligación de emprender esfuerzos por resolver las condiciones que la generan. La alta
politización de la corrupción reduce los incentivos para que los gobiernos aborden el tema desde
una perspectiva de obligaciones internacionales o del derecho internacional”.
El problema de la esperable resistencia de los Estados pone sobre la mesa la pregunta de cuán
permeable resulta el SIDH frente a presiones políticas de este tipo, o si, por el contrario, estos
organismos, en el contexto actual, están logrando plantear temas con independencia de lo reacios
que puedan ser los Estados a aceptar cierto tipo de responsabilidad internacional.
Otros temas prioritarios en la agenda
f)
Una de las expertas menciona que, además de la posible presión política que podrían ejercer
los Estados sobre el SIDH para evitar que se establezca esta conexión, sería posible considerar
que dentro de los mismos órganos del SIDH habría otros temas prioritarios en la agenda “dado
que hay tanta demanda frente a estos organismos por parte de organizaciones de derechos
humanos frente al derecho a la vida y protección, es difícil avanzar en procesos que incorporen
y visibilicen la corrupción”. Ahora bien, si al establecer la vinculación entre corrupción y derechos
humanos se logra demostrar cómo, a su vez, la corrupción podría constituir una causa de estas
“violaciones graves” a derechos humanos, entonces podría considerarse que no serían temas
que estén “compitiendo”, sino que por el contrario, se estarían complementando.
Implementación
g)
Por último, probablemente el mayor obstáculo y desafío en lograr la vinculación entre corrupción
y derechos humanos se encuentra en los procesos de implementación.
Para una de las especialistas, “el desafío son los procesos de implementación, es decir, superar
las resoluciones y pasar a utilizar el sistema como instancia de sanción”.
Por tanto, el primer paso sería efectivamente lograr plantear casos individuales o bien otros
procedimientos del SIDH (audiencias públicas, informes temáticos, etc.) que hicieran altamente
visible esta vinculación.
Un segundo paso referido a la implementación, y que es probablemente el más complejo, vendría
dado por el efectivo cumplimiento de las resoluciones ordenadas por la Comisión y la Corte IDH
por parte de los Estados. Y es que las dificultades de implementación son uno de los mayores
desafíos del SIDH, con independencia de si se trata de casos que involucran corrupción u otro
tipo de tema.
En estos procesos de implementación, en primer lugar, hay que matizar las expectativas sobre
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