Página 88 - El gran engaño: 30 años del sistema de AFP

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4. La compra de influencia política
Los grandes empresarios, mediante aportes a las campañas electorales chilenas
y a la incorporación de políticos destacados a los directorios de las AFP o de
las empresas que ellos controlan están ejerciendo una influencia indebida y
peligrosa para la sanidad de la democracia. La Tercera del 21 de Enero de 2007
se refiere a un estudio del entonces investigador del CEP Salvador Valdés, hoy
asesor del gobierno, que concluye que hubo un aporte del sector empresarial
para las campañas electorales del 2005, ascendente a 13.700 millones de pesos,
lo que representó un 31 % del total de los gastos reconocidos. Si se parte del
concepto común que esto es sólo parte del iceberg, debemos prestarle especial
atención, ya que uno de los patrimonios del país, es tener, todavía, una clase
política mayoritariamente honesta.
Antes de las elecciones del 2005, solicité al Presidente Lagos el respaldo para
un proyecto que prohibiera a las AFP, las Compañías de Seguros y las Isapres
financiar campañas electorales. Uno de los fundamentos de esa petición era
el hecho que la candidata Bachelet había incorporado como tema central de
su campaña modificar el sistema de AFP. Más allá de las cordiales y afectuosas
audiencias concedidas, la respuesta del Gobierno fue negativa. Durante el
gobierno siguiente, nada se hizo al respecto.
5. La política fuera del comercio
Para evitar que la corrupción se desborde, deberíamos considerar la política
como un bien fuera del comercio humano, como se consideraban los objetos
dedicados al culto de los dioses en la antigüedad. Una ley sobre el Lobby sólo
legitimará una actividad que debería ser drásticamente prohibida y duramente
penalizada, ya que su objeto es comprar influencia política. Un mecanismo que
podría colaborar a mantener la honestidad que efectivamente tienen la mayoría
de nuestros dirigentes políticos, sería el de aumentar los recursos públicos para
las campañas y la educación política, así como financiar con recursos públicos
programas radiales e incrementar por ley la cobertura de la televisión y su franja
a todas las elecciones generales, incluidas las municipales y las de Consejeros
Regionales que se implementarán.
Esas medidas, sumada a la aprobación de la Reforma Constitucional para dar
iniciativa de ley a los ciudadanos y normas legales que sancionen con la pérdida
del cargo y cárcel a los que infrinjan las reglas, podrían ayudarnos a permanecer
libres del peligro de la corrupción generalizada que ha afectado a otras sociedades.