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La idea de que el financiamiento universitario debe
ser visto como la suma de infinitesimales aportes otor-
gados a cada individuo para que cada uno mejor re-
suelva, representa llevar a un extremo inevitablemen-
te absurdo, más que el individualismo, la negación a
ver el conjunto. Y es curioso que nadie quiera exponer
la obvia relación entre este hablar de las partes tan
desvinculadas como sea imaginable y nunca del todo,
con un país que tiene tantas dificultades para enten-
derse, conversar, cohesionarse.
Más curioso resulta que el simple hecho de ver el
conjunto como tal pueda resultar muy incómodo. La
Contraloría General de la República, consciente de
que la incomodad es un derivado inevitable de sus ac-
ciones, ha sido quizás la única institución que ha he-
cho preguntas tan simples como: ¿cuánto se gasta en
total en nuestro país en Educación Superior? ¿Cuánto
es gasto público y cuanto gasto privado? ¿Cómo se
distribuyen entre los grandes sectores de la Educación
Superior tanto el gasto como el alumnado? ¿Cómo ha
evolucionado esa distribución en las últimas décadas?
Porque recién entonces, con esas cifras es que se hace
evidente lo que nadie quiere que se ponga en el ta-
pete: cuánto recibe una universidad estatal regional
comparada con los ingresos de un gran consorcio
privado. Y queda demasiado claro que una fracción
ínfima de lo que ésta recibe cambiaría la vida de la
primera, lo cual lleva a una pregunta de una incomo-
didad aún mayor: por qué no se quiere que revivan las
universidades públicas.
Es también muy curioso que siendo enormes las
cantidades de recursos públicos que llegan a las uni-
versidades privadas, nadie se preocupe de ver cómo
se gastan, ni mucho menos con qué garantía de
buen destino se solicitan para ser asignados. Notable
y aplaudible, al respecto, la decisión del Contralor
de fiscalizar por fin esos recursos. Tan notable como
la de flexibilizar el control de las actividades acadé-
micas con criterios acordes a sus especificidades.
Es difícil imaginar que una distribución de recursos es-
tatales en cualquier otro rubro pudiera hacerse con tal
desaprensión. Qué pensaríamos si cualquier producto
que el Estado comprare, digamos cuadernos, delantales
o lo que fuere, lo hiciera sin importarle la calidad de lo
que está comprando, ni si hay proveedores consolida-
dos que den mejores garantías. Me apresuro a decir que
ésta es una analogía limitadísima, si se piensa en todas
la implicancias para el desarrollo humano, económico,
científico y cultural que conlleva la inversión en insti-
tuciones de Educación Superior.
Invertir en el sistema universitario público obliga al
Estado a asumir una responsabilidad que ha insistido
en tercerizar. No es un problema presupuestario, más
bien tiene que ver con asumir su misión, compartida
con las universidades, de preocuparse del conjunto de
la población y de un proyecto de desarrollo del país.
Esperamos que el apoyo, después de tantos, tantos
años que recibe hoy el Hospital Clínico de la Univer-
sidad de Chile sea el inicio de un cambio de paradig-
ma de mayores alcances, que vaya más allá de empe-
zar a reparar una situación que se hace insostenible.
A saber, que una Universidad tenga que financiar con
sus propios medios, que en Chile significa en una me-
dida importante de sus estudiantes, la formación de
especialistas. Esos especialistas harán posible la aten-
ción médica tanto en el sector público como en el
privado. Es increíble que en Chile se niegue lo que
es obvio en cualquier otro país: el financiamiento del
sector público de Educación Superior es indispensa-
ble para el progreso no sólo de sí mismo, algo de suyo
relevante, sino tanto del mundo público como del
mundo privado a nivel de la nación entera. Nuestro
hospital universitario y la salud de Chile son un muy
buen ejemplo.
Editorial
Universidades: por qué se
evita una mirada global
POR ENNIO VIVALDI
Rector de la Universidad de Chile
P.1
Nº3 2016 / P.P.