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qué es aquello que las universidades públicas han de
hacer por estar mandatadas para ello.
La propia OCDE lo define muy claramente: una
institución es de educación pública cuando está
controlada y gestionada directamente por una au-
toridad o agencia pública, o cuando su órgano su-
perior está conformado en su mayoría por miem-
bros designados por la autoridad pública o elegidos
públicamente. Este concepto de universidad públi-
ca implica que ésta no tiene un dueño que la con-
trole; que no tiene que responder a ningún interés
particular; que garantiza y se enriquece en la plu-
ralidad; que no tiene por qué rendirle cuentas ni
obedecer a ningún poder externo; que no está ame-
nazada en la proclamación de sus hallazgos cientí-
ficos; que no se ve presionada, pues hay un Estado
que debiera protegerla para que pueda libremente
decir lo que piensa, lo que hace, lo que investiga.
Esa universidad pública que nos pertenece a todos
es la que tenemos que defender enérgicamente hoy.
Esto tiene que ver con el país, tiene que ver con la
cohesión social.
La universidad pública se relaciona con el conjunto
de intereses que nos identifican como nación y como
pueblo. No parece razonable que el tan esperado de-
bate sobre universidades se vea ahora reducido a una
pugna de intereses en la que se esgrime la mayor o
menor fuerza con que se contaría, sea parlamentaria,
económica o de cualquier otra índole, para defender
los intereses de tal o cual grupo de universidades.
Un aspecto consustancial a una universidad pública
es, precisamente, el estar preocupada por el país en
su conjunto.
Esta reflexión nos lleva al tema al cual quisiera refe-
rirme ahora y que considero central, pues definirá si
seremos o no capaces de volver a tener universidades
públicas en Chile. Hay una expresión que afortuna-
damente es nueva, porque si hubiera existido antes,
no habríamos tenido sistemas públicos de salud, no
habríamos tenido educación publica, no habríamos
tenido sistemas jurídicos, no tendríamos electrifica-
ción o desarrollo tecnológico del país, no habríamos
tenido políticas nutricionales y de producción ali-
mentaria. Estoy hablando de la expresión captura
del Estado. Pienso, sinceramente, que quizás sea el
tema más importante a ser discutido por nosotros,
porque si cualquier vínculo relevante que las univer-
sidades estatales demanden ha de ser visto como un
intento de
captura del Estado
, sencillamente no será
posible reconstruir un sistema público de Educación
Superior. En esta supuesta captura, el Estado estaría
viendo a las universidades públicas como una ame-
naza, porque ellas, sus comunidades, representan un
interés propio, es decir, ajeno al interés colectivo.
Pareciera de este modo que un trato diferenciado
con las universidades estatales significaría que éstas
se estarían apropiando del Estado. Apropiándose
de qué y para quién, debiéramos preguntarnos.
Pero, en cualquier caso, la conclusión de este pro-
ceso de razonamiento lógico es muy simple: si toda
universidad defiende un interés particular, enton-
ces no hay universidades públicas, todas somos
privadas. Y esa conclusión es muy coherente con
cómo han sido tratadas las universidades públicas
por ya largos años.
Necesitamos conversar hoy acerca de algo que debe
ser mucho más importante e inspirador que el
presupuesto. No voy a decir que el Ministerio de
Hacienda no sea importante, porque es crucial, sin
lugar a dudas. Pero es un ministerio cuya impor-
tancia se hace presente al final de la discusión, algo
así como cuando se llega a la caja del supermercado
después de determinar qué es lo que se quiere adqui-
rir, si me permiten la imagen. El Ministerio de Ha-
cienda no es donde empiezan las discusiones, como
se ha insistido de nuevo aquí al discutir los temas
concernientes a las universidades, sino que es más
bien donde han de terminar las discusiones. ¿Dónde
empiezan las discusiones? En cada uno de los otros
ministerios. Nosotros, como universidades estatales,
tenemos una responsabilidad al interior del Estado
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Dossier / Nº2 2016 / P.P.