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delo, resguardando un sistema mixto sin recuperar
ni consolidar un pilar estatal fuerte que coordine al
conjunto del sistema.
Quien también cuestiona la proyección en el tiempo
de este mecanismo de financiamiento es la ex Rec-
tora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, quien
hace hincapié en que para las instituciones de Edu-
cación Superior privadas el CAE es central.
“Con este crédito logran obtener casi el 50% de todo
el presupuesto de la Educación Superior sin tener
que rendir cuentas a nadie, porque los estudiantes
son utilizados como mediadores. La plata del Estado
pasa por ahí en grandes cantidades y pasa a manos
de privados”, denuncia Pey, para quien el lucro en
la Educación Superior es escandaloso y está posibi-
litado en gran medida por la existencia del CAE y
la transferencia de recursos estatales a instituciones
privadas como el grupo
Laureate.
Universidades estatales y autonomía,
la última gran lucha
La misma ex rectora fue protagonista de una de las
principales polémicas aparejadas a la reforma educa-
cional en los últimos meses, como es el estatuto que
rige a las nuevas universidades estatales.
Una de las razones esgrimidas por la Ministra Del-
piano para removerla, a través de un decreto pre-
sentado en Contraloría, fue su falta de alineamiento
con los objetivos del Gobierno respecto a la reforma
a la Educación Superior, así como el rechazo del
Ministerio de Educación de los estatutos redactados
para la Universidad de Aysén, en lo que fue catalo-
gado por los rectores del Consorcio de Universida-
des del Estado y otros actores como un atentado a la
autonomía de las instituciones estatales.
Respecto a la relación entre el Estado y sus univer-
sidades y el contenido presentado en el actual pro-
yecto, Pey asegura que “lo que hay en la ley sobre
universidades estatales es nefasto. Introduce un ór-
gano de gobierno escandaloso, con una junta direc-
tiva que le otorga el 50% del poder de decisión al
gobierno de turno por encima de los órganos cole-
giados, como los consejos universitarios, atentando
contra la autonomía universitaria”.
La investigadora del CIAE también releva este pun-
to, asegurando que el consejo directivo resultante
en Aysén contará con el doble de participación del
Gobierno, con cuatro representantes de la Presiden-
ta de la República.
“El proyecto nos deja peor en muchas cosas, en tér-
minos de autonomía y financiamiento. No veo que
las universidades estatales puedan verse fortalecidas a
partir de esta propuesta. Veo mucha más intervención
estatal, pero poco financiamiento”, asegura Guzmán.
A pesar de todo, la diputada Vallejo cree que en el
debate legislativo se podrán abrir posibilidades de
cambio debido al gran número de actores que le-
vantan críticas similares y que apuntan a “desmer-
cantilizar la educación y fortalecer con medidas
concretas la educación estatal, con mecanismos de
financiamiento y recursos asociados a ellos que sean
permanentes y crecientes”.
En esa línea, Carolina Guzmán advierte que uno de
los ámbitos que con mayor claridad evidencia que
la reforma que se realizará no alcanza los mínimos
para ser llamada reforma, es la ausencia de una de
las demandas de los rectores de las universidades es-
tatales y de los estudiantes: el aumento en la cober-
tura de las instituciones estatales hasta alcanzar una
meta de provisión de Educación Superior que sea
50% privada y 50% pública.
“No existe en el proyecto de ley un fortalecimiento
de la educación estatal y eso defrauda muchísimo a
las universidades estatales y en especial a las institu-
ciones regionales, que son las más débiles”, afirma
Guzmán, estableciendo uno de los elementos que
serán determinantes en el debate posterior que defi-
nirá si este proyecto será una reforma estructural o
un mero ajuste que regule el mal llamado mercado
de la Educación Superior.
“La reforma está pensada en términos del proceso de transición.
Se piensa desde lo que hay y con las modificaciones necesarias
para que mejore, pero sin situar el sistema en un lugar distinto”,
dice Fernando Carvallo, director del Cefech.
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P.P. / Nº2 2016 / Dossier