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nombrado para continuar la investigación, procesó a los dos ex altos funcionarios de la policía
secreta y ordenó su detención mientras se inicia el juicio.
La política del gobierno se ha ceñido a aceptar la decisión de la Corte Suprema en
cuanto a la validez de la amnistía de 1978, pero insistiendo en que, no obstante esa decisión, se
realicen las investigaciones judiciales correspondientes, pues, aun cuando tal vez no
conduzcan a un fallo condenatorio, las investigaciones son necesarias para ayudar a
determinar la suerte de las víctimas. Al mismo tiempo, el gobierno se ha abstenido de
proponer nuevas medidas de amnistía por crímenes cometidos por agentes del Estado.
Algunas de las atrocidades que se perpetraron antes de 1978 y que quedaron amparadas
por la ley de amnistía se pueden caracterizar como crímenes contra la humanidad o, al menos,
como análogas a dicho concepto y se podría sostener que el Estado de Chile tiene el deber de
someterlas a juicio. Aun cuando el gobierno civil no tenga las atribuciones legales para ello,
por lo menos debe abstenerse de hacer nada que reafirme la validez de la amnistía ilegítima de
1978. Así, si en el futuro pareciere conveniente promulgar alguna medida general de perdón,
aquellos actos análogos a crímenes contra la humanidad deben quedar excluidos. Aun cuando
no se les pueda enjuiciar, es importante no establecer el precedente nefasto de que un gobierno
democrático les concedió la amnistía oficial.
Los tribunales chilenos también están llevando a cabo la investigación de crímenes
cometidos después de la fecha de vigencia de la ley de amnistía de 1978; pero, en la mayoría
de los casos, es difícil obtener pruebas, por falta de cooperación de las fuerzas armadas y
carabineros.
Por otra parte, las restricciones legales han impedido que el gobierno ponga en libertad
a todos los opositores que están sometidos a proceso judicial o a quienes se han declarado
culpables de asesinato o de otros delitos por motivos políticos, cometidos durante el régimen
militar. A estos presos no se les ha seguido un juicio justo y la mayoría de ellos, cuando no
todos, sufrieron torturas durante las investigaciones. Además, llevan años detenidos. El
Presidente perdonó a muchos, pero sus facultades en tal sentido son limitadas. Pese a que el
gobierno de Aylwin no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para pasar leyes sin
entrar en transacciones, este cuerpo legislativo aprobó normas que permitieron la libertad de
muchos otros. A esta fecha, en su gran mayoría han salido de la cárcel pero, a 19 meses de la
restauración de la democracia en Chile, unos ochenta siguen encarcelados.
Así, pues, de manera imperfecta, pero siempre buscando con seriedad la mejor forma
viable de actuar, Chile ha procurado resolver esta dificilísima cuestión de restañar las heridas
del pasado. Al mirar atrás, se hubiera podido hacer ciertas cosas de otro modo. Quizás otros
podrán evitar nuestros errores. Con todo, este enfoque responsable ha producido resultados
importantes y saludables.
Antes de concluir, permítaseme algunos recuerdos y reflexiones muy personales. Tuve
el honor de pertenecer a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Viajé por todo
Chile. Conocí cientos de casos. El contacto con tantos familiares de víctimas me convenció
de la importancia capital y del poder catártico que había en procurar determinar la verdad.
Fue un asunto muy personal, preguntar a los que acudían a nosotros lo que le pasó a la familia,
