Segunda parte. Informes por países de jurisprudencia relevante
en materias de justicia constitucional y derechos fundamentales
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El juez competente se enfrentará a un caso concreto, con las particularidades
que cada caso tiene, y advertirá que: a) por un lado debe cumplir la sentencia inter-
nacional que dice que ciertas situaciones no pueden impedir la responsabilidad; y
b) por otra parte, normas de derecho interno (e incluso en algún caso el propio ar-
tículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen
limitaciones a la responsabilidad penal. ¿Qué debe resolver el juez si entiende que
hay una contradicción entre lo dicho en el precedente apartado
a
(obligación de
cumplir con la sentencia) y el apartado
b
(derechos adquiridos de los acusados por
la violación de derechos humanos)?
¿Cómo se solucionan estos casos? En Uruguay, en el marco de una cultura ju-
rídica fuertemente vinculada a las orientaciones francesas clásicas, en general se
pretende una solución general que dé la respuesta para todos los casos que sur-
jan en la realidad. Pues bien, la solución de principio es que se debe cumplir ínte-
gramente con las sentencias (nacionales e internacionales) y no podrán invocar-
se normas internas para eludir las obligaciones internacionales (artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Al día de hoy no se ha dictado ninguna resolución en cumplimiento de la sen-
tencia de la Corte idh, pero sí hay muchos expedientes recientemente iniciados o
desarchivados.
IV. CONCLUSIONES
En definitiva, en materia de amparos se mantiene la evolución de creciente garan-
tismo y protección de los derechos humanos. Cabe recordar que se trata de una
tendencia que se ha iniciado recientemente.
La sentencia de la Corte Interamericana, por su parte, siendo la primera con-
dena contra Uruguay ha golpeado fuertemente a la comunidad política y jurídica,
y sin dudas sus efectos serán beneficiosos a los fines de continuar en la evolución
nacional mencionada.
