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La Policía Comunitaria surgió formalmente el 15 de octubre de 1995 para hacer
frente a la inseguridad y violencia que atravesaba los caminos en la región; más
adelante, en 1998, asumen también tareas de justicia. Desde entonces han construido
un sistema de seguridad y vigilancia comunitario que abarca un territorio amplio de
más de 10 municipios en la Costa Montaña de Guerrero. Uso con mayúsculas el
término Policía Comunitaria para referirme a esta experiencia que es emblemática
para los pueblos indígenas de México.
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Como en toda experiencia de justicia indígena y comunitaria, el sistema de justicia
y seguridad comunitaria está inserto en juegos de poder y disputas por la legitimidad;
lo importante, sin embargo, es la capacidad de las autoridades de dar salida a las
controversias y responder a las demandas de justicia de manera adecuada y aceptable
para los vecinos de las comunidades.
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La justicia zapatista solo se comprende en el marco de la construcción del gobierno
autónomo zapatista que involucra una visión integral y territorial construida a partir
de las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas. El trabajo de Mariana Mora elabora
sobre la justicia zapatista desde el caso del municipio 17 de Noviembre. Como
señala Mora, el ámbito de la justicia zapatista es el único espacio donde las bases de
apoyo interactúan con las dependencias oficiales (Mora, 2013).
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Dinámicas similares se observan en otros contextos en México y en América
Latina (cfr. Sieder yMacleod, 2009; Sieder y Sierra, 2010).
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En su trabajo sobre justicia maya, violencia y efectos de Estado en Guatemala,
Rachel Sieder discute las respuestas a la (in)justicia de poblaciones marginadas de
Santa Cruz del Quiché que van desde la renovación de la justicia maya a los
linchamientos, como expresiones diferenciadas de ejercicios de soberanía en una
realidad donde prevalece la violencia, fragmentación y la ausencia del Estado (cfr.
Sieder, 2013; ver también Sieder y Flores, 2011).
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Procesos similares encontramos en diferentes partes de América Latina, algunos
bajo un reconocimiento oficial, como es el caso de las rondas peruanas (Yrigoyen,
2002), las justicias indígenas en el Cauca, Colombia, en regiones andinas del Ecuador,
y otros también en condiciones de ilegalidad, como sucede con lasAlcaldías Indígenas
enGuatemala (Sieder, 2013).
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Sobre el proyecto minero en el territorio comunitario ver nota 26.
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Posterior a enero del 2013, ante el incremento de la inseguridad y la violencia del
crimen organizado, en el estado de Guerrero se crearon nuevos grupos de
autodefensa, lo cual ha impactado las dinámicas de la Policía Comunitaria y su
sistema de justicia. No analizo aquí estos procesos (ver Hernández, Sierra, Sieder y
Mora, 2013)