LA NO DISCRIMINACIÓN
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relaciones de familia. La razón de ser de esta repetición es que algunas de las discrimina-
ciones más persistentes y nocivas en contra de las mujeres se han visto en la normativa y
práctica matrimonial. El artículo no entra a detallar cuáles serían las “medidas apropia-
das”, por ende dejando al Estado en relativa libertad para decidir cómo logra la igualdad
entre cónyuges, pero sí especifica que esta igualdad debe referirse tanto a derechos como
a responsabilidades. Por lo tanto estarían incluidos en el ámbito de aplicación de esta
norma el acceso igualitario al divorcio vincular, las pensiones alimenticias y la custodia
de hijos, entre otras materias.
Dada la materia objeto de este trabajo, resulta interesante notar que la letra de la
disposición parece indicar que el Pacto sólo reconoce el derecho a contraer matrimonio
a parejas heterosexuales
108
. Por otro lado, Nowak indica que el artículo 23 no prohibiría
la poligamia siempre que no entrara en conflicto con otras disposiciones del Pacto
109
.
Estaría de acuerdo con Nowak en el entendido que la poligamia fuera una posibilidad
abierta a cónyuges de ambos sexos, y no sólo otra forma de explotación de la mujer,
como ha sido la esencia de la práctica en la mayoría de los casos hasta ahora.
Artículo 24.1
Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condi-
ción de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
sociedad y del Estado.
En este artículo encontramos una cláusula autónoma y cerrada de no discrimina-
ción dirigida especialmente a la protección de niños y niñas. Con él, el Pacto ha identi-
ficado un grupo vulnerable de la sociedad y ha impuesto al Estado la obligación, ya sea
difusa, de brindarle “las medidas de protección que su condición de menor requiere”.
Interesante de notar es que aquí nuevamente estamos frente a un ejemplo de efectos
horizontales dentro de este tratado internacional, ya que la obligación de proteger a los
niños y las niñas no sólo corresponde al Estado sino que también a la familia y a la
sociedad.
La obligación contenida en la norma no es de no discriminar a los niños y niñas sino
de brindarles protección sin discriminación. Ha de notarse que los criterios de diferen-
ciación prohibidos al tratar con niños y niñas son básicamente iguales a los contenidos
en los artículos 2.1 y 26 con dos salvedades importantes. En primer lugar se eliminó el
criterio “opiniones políticas o de cualquier índole”, presumiblemente porque se quiso
adaptar la norma a las necesidades de los destinatarios de la protección. Sin embargo, si
este es el caso, opino que este razonamiento parte de una base estereotipada al presumir
o que los niños y niñas no tienen opiniones, o que sus opiniones no tienen valor o que en
108
Ibídem
, p. 410. Además, véase
infra
, Segunda Parte, Capítulo Primero, punto 2.3.
109
Ibídem
, p. 412.
