Transparencia y Probidad Pública. Estudios de Caso en América Latina
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5. Dificultades y retos más significativos del proceso de implementación de Pactos de Integridad
en la contratación pública y cómo se enfrentaron
a.
La tensión inevitable entre Transparencia y Eficiencia.
La Administración Pública estaba divi-
dida entre el afán legítimo por mostrar resultados en el corto plazo y la necesidad de dedicar
tiempo suficiente al diseño y estructuración de buenos proyectos, así como a su monitoreo por
parte de terceros.
Este es un dilema central del debate en torno a cómo introducir transparencia
e integridad en la contratación pública. La implantación de los Pactos de Integridad se colocó en
el centro de dicho debate.
Para enfrentarlo, TxC asumió una estrategia doble.
Por una parte, exigir a la entidad que dispu-
siera del tiempo necesario y suficiente para “hacer bien las cosas” (preparar adecuadamente los
proyectos, dar suficiente espacio a la discusión pública de las reglas, rendir cuentas, difundir de
manera amplia la oportunidad del respectivo contrato en el mercado, estudiar con detenimiento
las ofertas de los interesados y, adicionalmente, dedicar tiempo a la aplicación de la metodología
de Pactos), o de lo contrario se retiraría públicamente del proceso.
Por otra parte, aceptar que
los expertos tienen que imprimir un ritmo muy intenso a su trabajo para acompañar de manera
adecuada a las entidades.
b.
Obstaculización sistemática de los funcionarios públicos en la entrega oportuna de informa-
ción suficiente, así como en la fundamentación de sus decisiones ante terceros.
La utilización de
Pactos de Integridad es un claro ejercicio de “rendición de cuentas”, en el cual los funcionarios
asumen la responsabilidad de escuchar y responder a los requerimientos que les presenten los
interesados en la licitación, la sociedad civil o la ciudadanía en general, debiendo enfrentar las
consecuencias de no hacerlo.
El principal reto enfrentado en la implantación de los pactos ha
sido lograr que los funcionarios dediquen tiempo para escuchar a los interesados y responder sus
inquietudes de manera sustentada. Al mismo tiempo, como se verá más adelante, este foco de
dificultades ha constituido la principal oportunidad para introducir cambios estructurales en la
contratación pública en Colombia
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.
c.
Presión de los actores por involucrar a Transparencia por Colombia en la coadministración del
proceso.
Dado el carácter “independiente” de TxC, los distintos interesados intentaban que se
hiciera parte formal de la decisión para poder responsabilizarla por el resultado o decisión final.
Para la entidad pública era conveniente descargar su responsabilidad afirmando que sus decisiones
se debían a recomendaciones de TxC, en vez de asumir un error o la necesidad de rectificar una
medida.
Frente a esto, TxC se protegía no emitiendo conceptos en términos afirmativos, sino que
haciendo siempre preguntas claves que permitieran a la entidad comprender el problema pero
teniendo ésta que aportar la solución y hacerse cargo de su decisión.
d.
Recursos y su proveniencia.
Uno de los principales desafíos fue conseguir los recursos para
financiar los Pactos de Integridad, manteniendo la independencia y credibilidad de Transparencia
por Colombia. Cuando se trabaja en una situación que involucra a muchos y muy diversos in-
tereses económicos legítimos, se manejan temas de alta complejidad técnica y, asimismo, se
reciben numerosas presiones por parte de distintos actores, existe una imperiosa necesidad de
contar con recursos para financiar cada una de las intervenciones de la organización, lo que la
coloca en el centro de otro importante debate: ¿quién y cómo se debe financiar el control social
sobre los asuntos públicos?
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Ver Presidencia de la República, Decreto Reglamentario de la Ley 80 de Contrataciones, Nº 2170 de 2002.
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Más información sobre este debate en:
Cuadernos de Transparencia,
Nº 8, “El Control Social a la Administración Pública
en Colombia”. Bogotá. Mayo, 2004, sitio Web:
