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Derecho internacional de los derechos humanos en chile
/
Claudio Nash Rojas
• Para realizar dicho ejercicio interpretativo el juez debe tener en consideración la
jurisprudencia de la Corte IDH. Recordemos que la inclusión de la jurisprudencia de
la Corte IDH como baremo de control se justifica pues ésta es la intérprete principal
de la CADH.
b. Segunda etapa:
Avanzado en la evolución de su jurisprudencia, la Corte IDH estableció
que el control de convencionalidad debe ejercerse incluso de oficio por la magistratura
local y aclara que éste se debe hacer dentro del ámbito de competencias y funciones de
la magistratura. Esta aproximación de la Corte IDH es relevante desde el punto de vista
de la legitimidad del sistema, ya que toma en consideración la organización interna del
Estado y permite un funcionamiento coherente de las instituciones. Así, en el caso chile-
no, podemos observar que cada juez en el ámbito de sus competencias podrá expulsar,
inaplicar o simplemente interpretar con el objetivo de dar cumplimiento al imperativo de
la CADH. En ese sentido, es importante destacar que la Corte IDH no impone un sistema
constitucional determinado, pero sí establece cuáles son las obligaciones que tiene el
intérprete, cualquiera sea el diseño constitucional nacional. Así lo manifestó la Corte IDH
en el caso
“Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”
:
“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana,
sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil
de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no
sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad”
ex officio
entre las
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar
limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso con-
creto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”
103
.
c. Tercera etapa:
En una tercera etapa, el análisis sobre el control de convencionalidad de
la Corte IDH va más allá y señala que este control compete a cualquier juez o tribunal que
materialmente realice funciones jurisdiccionales, incorporando lo que se había señalado
anteriormente acerca de la importancia de que este control se realice en el ámbito de
competencias de cada magistratura. Esta apertura hacia los órganos competentes para
realizar el control permite la inclusión de los Tribunales Constitucionales y reafirma la
idea de que todo juez debe realizar este control con independencia de las características
particulares de la organización de sus funciones:
“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades
internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposi-
ciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado
internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también
están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de
la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.
Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en
la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas
y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de
103
Corte IDH. “
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú
”. Sentencia de 24
de noviembre de 2006, párr. 128.
