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El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, no incluye ninguna
norma que regule específicamente la conducción de las hostilidades.
La situación es distinta en el caso del Protocolo 11 de 1977, cuyo título IV contiene
varias normas referidas a la conducción de las hostilidades. Se mencionan expresamente
la prohibición de atacar a la población civil; la prohibición de hacer padecer hambre a la
población civil; la prohibición de atacar los bienes indispensables para la supervivencia de
la población civil y la prohibición de ordenar el desplazamiento de la población civil a no
ser que así lo exijan la seguridad de las personas desplazadas o razones militares imperio·
sas.
Sin embargo, estas normas convencionales sólo se aplican formalmente si el Estado
en cuestión es parte en el Protocolo II y si la violencia ha alcanzado el nivel de intensidad
requerido para ello. En las demás situaciones es esencialmente el Derecho Internacional
consuetudinario, el que establece las normas que los beligerantes deben cumplir durante
las operaciones militares.
El principio de humanidad no puede admitir que se autorice emplear contra la propia
población, en un conflicto armado interno, métodos
y
medios de guerra prohibidos en un
conflicto armado internacional.
Las disposiciones del DIH, particularmente el artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra, completadas por las del Protocolo Adicional 11, van mas allá de la contradicción
expuesta entre el principio de humanidad
y
el de la soberanía nacional, siendo su objeto
el fundamentar incluso dentro de las fronteras de los Estados, un verdadero derecho de
humanidad. Un derecho de humanidad, en virtud del cual, la persona humana, su integri·
dad física y su dignidad, deben ser respetadas en nombre de principios morales que
trascienden los límites estrictos del Derecho Internacional, y que reflejan lo que ya
Martens, en su famosa Cláusula, denominó principios de humanidad
y
exigencias de la
conciencia pública.
