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altamente probable que los ciudadanos no estén de acuerdo acerca de hasta dónde tiene
derecho a llegar el gobierno en una emergencia específica. Debido a que discrepamos
profundamente respecto de estos asuntos, las instituciones democráticas proporcionan una
resolución, mediante un mecanismo de equilibrio de poderes, para garantizar que la respuesta
de ningún gobierno pueda llevarnos directamente tanto a la anarquía como a la tiranía.
Frente a una emergencia terrorista, no estamos de acuerdo, en primer lugar, acerca de
lo sucedido: principalmente, el tipo y grado de riesgo que representa la amenaza terrorista.
Sería más fácil si estos hechos fueran evidentes, pero rara vez lo son. La seguridad pública
requiere realizar extrapolaciones acerca de futuras amenazas a partir de hechos discutibles
respecto de las amenazas actuales. Lo que es peor aún: los hechos nunca se presentan ante el
público simplemente como propuestas neutras susceptibles de ser examinadas en forma
desapasionada. Nos llegan junto con una evaluación. A menudo se adaptan los hechos para
justificar el curso de acción que se está proponiendo. Quienes favorecen medidas represivas
habitualmente representan el riesgo como un hecho de alcance mayor; en cambio, los que se
oponen a estas medidas tienden a minimizarlo. Los desacuerdos no terminan ahí. Incluso
cuando estamos de acuerdo respecto de los hechos, podemos seguir estando en desacuerdo
acerca de si los riesgos justifican las restricciones a la libertad.
Estos desacuerdos se extienden hasta el significado mismo de la democracia. Para la
mayoría de los estadounidenses, la democracia sencillamente significa lo que señaló Abraham
Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Desde este punto de vista, la
democracia es sinónimo de gobierno de la mayoría. La soberanía popular, por medio de
representantes electos, debe ser el árbitro final de lo que le está permitido al gobierno cuando
intenta defender nuestras libertades y nuestras vidas. Las democracias efectivamente cuentan
con declaraciones de los derechos de los ciudadanos, pero éstas existen para servir a vitales
intereses mayoritarios. Cuando el poder ejecutivo suspende los derechos, por ejemplo, lo hace
en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Los intereses públicos que estos derechos
defienden son definidos por los representantes elegidos por el pueblo y los tribunales deben
interpretar lo que significan respetando lo que el poder legislativo y el pueblo dicen que
significan
2
. Defender el derecho de un individuo, por ejemplo, a la libertad de asociación en
tiempos de tranquilidad, sirve para proteger la libertad de todos. Pero proteger a la misma
persona en tiempos de emergencia puede ser perjudicial para todos. Una emergencia terrorista
es precisamente una situación en que el hecho de permitir una libertad individual (para
planificar, complotar, evadir la detección) puede constituir una amenaza para un interés
esencial de la mayoría. Una democracia no tiene propósito más importante que la protección
de sus miembros y los derechos existen para proteger ese propósito. Como ha señalado el
Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, las libertades civiles significan la libertad
de un ciudadano y no la libertad en abstracto de un individuo en estado natural
3
. Dicha
2
John Hart Ely,
Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review
(Cambridge: Harvard University Press,
1980), 4: “he ahí, la función principal, que es al mismo tiempo el problema medular de la revisión judicial: una
entidad que no es electa ni tiene por otra vía responsabilidad política significativa, le está señalando a los
representantes electos del pueblo que no pueden gobernar a su antojo... En Estados Unidos esta es una acusación
que importa”.
3
William H. Rehnquist,
All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime
(Nueva York: Knopf, 1998), 222.
