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la reelección de Marcos. Marcos contraatacó con la proclamación de la ley marcial el 21 de
septiembre de 1972, que le otorgó el control total del país hasta 1978. La policía y las fuerzas
armadas persiguieron a los opositores del régimen, recurriendo a la tortura, el encarcelamiento
y las ejecuciones. Marcos disolvió el Congreso. Su gobierno también prohibió las actividades
de los partidos políticos y las reuniones públicas, instituyó la censura, impuso el toque de
queda y llevó a cabo extensas purgas en la administración pública. A partir de 1978, Marcos
disfrazó su gobierno autoritario con un manto democrático. Aunque organizaba elecciones,
éstas estaban completamente controladas. Marcos levantó la ley marcial en 1981 pero, en lo
esencial, retuvo el control. Designó a miembros de su familia, incluyendo a su mujer Imelda,
en importantes cargos públicos; absorbió las funciones legislativas y ejecutivas; y ejerció la
facultad de arrestar a sus oponentes por medio de decretos supremos de detención.
Durante la era de Marcos, el gobierno cometió incontables violaciones de derechos
humanos. Si bien la más conocida es el asesinato del dirigente opositor Benigno Aquino, se
han documentado más de 2.500 asesinatos políticos
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. Adicionalmente, existen pruebas acerca
de 132 masacres, 550 personas desaparecidas, 70.000 personas encarceladas y cientos de
torturados por oficiales militares y policiales. El poder judicial también pasó a ser uno de los
instrumentos de Marcos. Los jueces, muchos de los cuales fueron designados por Marcos, se
pronunciaron por la constitucionalidad de la ley marcial, legitimando con ello estas
violaciones de derechos humanos. A menudo, las cortes marciales enjuiciaron a civiles. El
poder judicial invocó con frecuencia la doctrina de la cuestión política para evitar
confrontaciones embarazosas con el régimen. Según esta doctrina, las cortes pueden
excusarse de juzgar ciertos asuntos legales que son políticamente sensibles.
Eventualmente, el régimen de Marcos empezó a resquebrajarse. Cediendo a las
presiones internas y externas, convocó a elecciones “rápidas” en febrero de 1986. La
oposición se unió tras Corazón Aquino, viuda del líder asesinado. Las elecciones estuvieron
cargadas de violencia y fraude. Mientras la Asamblea Nacional proclamaba presidente a
Marcos, la Sra. Aquino organizaba su propia concentración de la victoria en Manila, reuniendo
a más de un millón de simpatizantes. Mientras tanto, las fuerzas armadas, que habían apoyado
firmemente a Marcos, creaban un movimiento de reforma, promoviendo la movilización
popular. El 25 de febrero de 1986, el gobierno de Marcos colapsó y éste buscó asilo en
Hawai.
La Sra. Aquino juró como presidente y asumió la responsabilidad del gobierno. Purgó
las fuerzas armadas e inició una investigación de las denuncias de violaciones de derechos
humanos. Siguiendo el ejemplo de Argentina y Chile, estableció una Comisión Presidencial
de Derechos Humanos encargada de llevar a cabo las investigaciones, informar al Presidente y
recomendar sanciones para los culpables e indemnizaciones para las víctimas. La Comisión,
presidida por el ex senador José W. Diokno, uno de los más distinguidos abogados de
derechos humanos del país, estaba integrada por siete miembros. Aquino también ordenó a las
fuerzas armadas la liberación de todos los prisioneros políticos. Los militares empezaron a
irritarse con el gobierno de Aquino y la Comisión por no ampliar la amnistía a los miembros
de sus filas. Esta tensión encendió la confrontación entre el gobierno y las fuerzas armadas,
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Ed García,
Dawn over Darkness: Paths to Peace in the Philippines
(Quezon City, Philippines: Claretian,
1988).
