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conciencia popular y motivó al Presidente Sarney a firmar la Convención de Naciones Unidas
contra la Tortura en 1985.
Hasta los años ’60, Uruguay era un modelo de democracia sudamericana, un país que
disfrutaba de una relativa equidad social, modesta riqueza y tranquilidad política. En cuanto
su economía basada en la sustitución de importaciones comenzó a deteriorarse en la década
del ’60, surgió la violencia política. El grupo terrorista conocido como los Tupamaros, o
Movimiento Nacional de Liberación, dirigido por Raúl Sendic, se volcó al secuestro y al
asesinato para expresar su oposición.
Los gobiernos civiles comenzaron a reaccionar con severidad, invitando a las fuerzas
armadas a intervenir. En 1969 el Presidente Jorge Pacheco Areco pidió a las fuerzas armadas
que reprimieran las huelgas. La tortura y los malos tratos de prisioneros se generalizaron.
Luego, Pacheco solicitó a las fuerzas armadas que combatieran a los Tupamaros. Juan María
Bordaberry, el candidato que contaba con la más alta preferencia para suceder a Pacheco, ganó
las elecciones presidenciales de marzo de 1972. Inmediatamente, suspendió la mayoría de los
derechos civiles, dando carta blanca a las fuerzas armadas para librar una guerra a muerte
contra los Tupamaros. Para 1973, las fuerzas armadas los habían desarticulado en forma
brutal y efectiva, encarcelando y torturando a muchos sospechosos de pertenecer al
movimiento.
Las protestas contra los métodos empleados por las fuerzas armadas permearon
Uruguay. Los militares usaron las protestas como excusa para combatir la subversión en las
universidades, el sistema educacional, la administración pública, los gremios profesionales y
la clase política. Bordaberry suspendió los restantes derechos civiles el 1 de junio de 1973, sin
la aprobación del Congreso. El 12 de junio de 1973, las fuerzas armadas disolvieron el propio
Congreso, creando un Consejo Militar Supremo, y redujeron el papel de Bordaberry al de una
figura decorativa.
Uruguay sufrió profundamente bajo los militares. Según Weschler, entre 1970 y 1985,
más del 10% de la población salió al exilio; de los restantes, un quinto estuvo detenido y uno
de cada quinientos cumplió largas sentencias de prisión
62
. Algunas de las peores violaciones
de derechos humanos contra los uruguayos se cometieron en la Argentina, como resultado de
la cooperación del gobierno militar de ese país vecino
63
. Las fuerzas armadas clasificaron a la
totalidad de la población uruguaya en tres categorías según el grado de riesgo que las personas
representaban para el régimen.
Cuando los militares uruguayos pensaron que habían conseguido controlar
completamente la economía y el país, se abocaron a legitimar su régimen, convocando en
1980 a un plebiscito para decidir la redacción de una nueva constitución. Sorprendentemente
para ellos, perdieron por un margen de 57 a 43 por ciento. Reaccionaron con ira y la represión
continuó. Paralelamente, la economía entró en una espiral desbocada. En noviembre de 1982,
62
Ibíd., 87-88.
63
Por ejemplo, en mayo de 1976, dos prominentes dirigentes políticos - Gutiérrez Ruiz, el ex presidente de la
Cámara de Diputados, y Zelmar Michelini, un conocido senador - fueron secuestrados y más tarde asesinados en
Buenos Aires.
