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nios económicos entre los países y por las organizaciones especializadas en
salud (OPS y OMS).
Cada país ha formado sus propias agencias de regulación, las que definen
directrices respecto de las certificaciones de calidad, eficacia, prescripción,
expendio y almacenamiento. Existen grupos de medicamentos, como los
antibióticos, que por sus implicancias en la salud pública obligan al de-
sarrollo de consensos y protocolos de uso en toda Latinoamérica, con el
propósito de reglamentar su prescripción y despacho.
Estas agencias regulatorias han definido un elemento común –el Registro
Sanitario– que vela por la calidad, seguridad, eficacia y correcto uso de
los medicamentos. Se otorga sobre la base de antecedentes científicos y
criterios establecidos por OMS, y los países miembros de los convenios
han logrado uniformidad en los criterios, existiendo cooperación e inter-
cambiabilidad.
El crecimiento del sector farmacéutico de estos últimos diez años ha sido
extraordinario, pero internacionalmente se han profundizado las desigual-
dades en el acceso a medicamentos de calidad, debido principalmente a
la fusión de empresas farmacéuticas que, formando grandes consorcios,
ejercen poder sobre los precios del mercado.
Además, la reglamentación permite –por la existencia de vacíos– que el
medicamento sea tratado como un bien de consumo, lo que lo deja a mer-
ced de los vaivenes del mercado, haciendo uso del
marketing
, de ofertas y
de otras técnicas para aumentar las ventas.
En ciertos países la reglamentación es nula o casi nula, y eso permite la
elaboración de productos que no cumplen con estándares de calidad de
materias primas, de envases o de dosificación, entre otros aspectos, obte-
niéndose un producto de muy bajo costo pero de calidad dudosa. Por otra
parte, la industria que realiza investigación y cumple con los estándares
aspira a un margen de ganancia alto, lo que impide que la distribución
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