Desafíos emergentes de la modernización del Estado : reflexiones y casos de América Latina y Europa

Javier Fuenzalida | Pablo González ( Editores ) 146 recibir un trato igualitario ante la ley; (2) derechos políticos, que comprenden el derecho a votar y a competir por cargos en elecciones libres; y (3) derechos so- cioeconómicos, que comprenden el derecho al bienestar y a la seguridad social, a formar parte de un sindicato y a participar en negociaciones colectivas con los empleadores y aún a tener un trabajo (Marshall, 1967). Este esfuerzo de consolidación de la democracia ha permitido que se construya un escenario adecuado para que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones, así como en la institucionalización de mecanismos para una gestión más eficaz de los recursos públicos, combatir la corrupción, incrementar la inte- gridad pública y una mayor responsabilidad institucional, sirviendo de base para el desarrollo de instituciones e instrumentos indispensables para los avances logrados en diversas esferas del Estado y la administración pública. El establecimiento de esas instancias de participación y control social atiende a las medidas que se han establecido en la Declaración de Gobierno Abierto 29 . Para la OCDE (2006), el término Gobierno Abierto se basa en tres ejes centrales, que asumen un papel de fundamental importancia en los gobiernos democráticos: transparencia, accesibilidad y participación ciudadana. Estos ejes están estructurados como componentes de suma importancia en los gobiernos democráticos. Implican una amplia disponibilidad de información de organizaciones políticas y burocráticas al dominio público, como, por ejemplo, cuentas, presupuestos, pagos y datos de naturaleza financiera, comercial y mone- taria, que puede ser fiscalizada, consultada, analizada e investigada por cualquier interesado, dándole poder a la participación del ciudadano frente a las decisiones tomadas en el ámbito político y de la administración pública. Según la Open Go- vernment Partnership (OGP) , entre las principales recomendaciones esenciales para implementar una estructura de gobernanza abierta, se pueden citar (OGP, 2011): • Adoptar estándares éticos y códigos de conducta para servidores públicos. • Adoptar políticas, prácticas y mecanismos que eviten la corrupción y ase- guren la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas y compras gubernamentales, lo que consolida el ejercicio de la ley. 29 Alianza global comprometida con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la ONU contra la Corrupción, y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y la buena gobernanza, la Open Government Partnership , es una iniciativa internacional que reúne naciones y organizaciones de la sociedad civil en favor de una mayor transparencia, agilidad, eficiencia y responsabilidad por parte de los gobiernos, exigiendo una mayor participación popular en los asuntos de carácter público (OGP, 2011).