Palabra Pública N°38 agosto - septiembre 2026 - Universidad de Chile

ficación y una vez publicada, desaparecieron todas las fuentes”, admite Cavallo. La dirección de La Época decidió darle a Matus un mes de plazo para extender su investigación y así encontrar elementos que pudiesen respaldar lo publicado o nuevos antecedentes que clarificaran el origen del dato. Asi- mismo, otros editores, subeditores y el propio Cavallo buscarían confirmaciones con sus propias fuentes: “los mejores recursos del diario se dedicarían a esto por va- rias semanas”, detalla el periodista. En paralelo, el director debió negociar con la Fisca- lía Militar para conocer su posición y demorar lo más posible la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, mientras los abogados del diario evalua- ban alternativas de salida. Todo falló. Tras un mes de indagaciones, no aparecieron nuevas evidencias que respaldaran lo publicado. “El punto de quiebre se produ- jo cuando el fiscal dijo que no le interesaba encarcelar al director, sino a la redactora, que ya era conocida por investigar delitos contra los derechos humanos. Ese costo nos pareció inaceptable, al equipo de la dirección, a los editores y a algunos miembros del directorio del diario. Eso fue el factor decisivo en la decisión de re- tractarse”, cuenta Cavallo. “Profesionalmente, es lo más duro que me ha pasa- do, porque afectó a los equipos. Todo el diario estaba comprometido y estaba esa sensación de que habíamos fracasado, que habíamos hecho las cosas mal”, agrega. Años después, la investigación judicial confirmó que la denuncia era verdadera, siendo considerado uno de los primeros fraudes económicos destapados al interior del Ejército tras el retorno a la democracia. Se trató de un millonario mecanismo de malversación de fondos públi- cos mediante la falsificación de adquisiciones médicas: compras fantasmas, sobreprecios y coimas. Finalmente, tras 18 años, en junio de 2012, la Corte Suprema dictó un fallo definitivo unánime que condenó a 12 personas, entre las que estaban los tres generales sindicados por La Época. Para Cavallo, todo esto no modificó su juicio sobre lo ocurrido: “No cabe alegar que después se demostró que todo era verdad. Cuando La Época lo publicó, no pudo demostrarlo, y eso es todo lo que importa para el desen- lace”, sostiene el periodista. “Una fuente que pide reserva de identidad no es ‘sólida’; puede ser confiable, pero le traspasa toda la responsabilidad al reportero. Tampoco es ‘sólido’ carecer de documentos y de precisiones equi- valentes. Todo el mundo nos decía: ‘tenían razón’. Pero ese nunca fue el punto. El punto era probarlo”. Augusto Pinochet, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, conversa con el presidente Patricio Aylwin durante una ceremonia de juramento de conscriptos del Ejército en julio de 1993. Crédito: Cris Bouroncle/AFP 7