Palabra Pública - N°7 2017 - Universidad de Chile

educación nacional, con las restricciones evidentes del sistema imperante. A partir de los ‘90 la situación de las universi- dades del Estado no varió mayormente, sino que más bien empeoró. Con la entronización definiti- va de la globalización y el intercambio de bienes culturales convertidos en bienes de consumo, las universidades privadas crecieron como callampas en busca de clientes. Las dos grandes universida- des nacionales fueron fragmentadas durante la dictadura de Pinochet en 18 universidades, de las cuales 16 eran las sedes de regiones. Este sistema se ampliaba con las nueve universidades privadas tradicionales que existían antes de 1973. Entre el año 1990 y el presente, se crearon 34 nuevas universidades privadas, de las cuales la mayoría sólo debe su existencia a los empresarios de la educación que ya se habían entronizado en el sis- tema a través de la creación de colegios con fines de lucro. De esta manera, la educación superior chilena cuenta hoy con 61 universidades, lo que ha convertido a Chile en uno de los países que tiene más universidades en relación al número de sus habitantes. Como todos sabemos, una buena parte de la baja calidad de la educación que tene- mos se debe a la privatización y mercantilización del sistema, con la consiguiente segregación eco- nómica y social. Hasta ahora resulta muy difícil establecer parámetros de calidad similares para instituciones que se rigen por la ley de la oferta y la demanda, la fragmentación de los mercados, la maximización de las ganancias y la masificación de la oferta, sin un control efectivo de un Estado que invierte en los clientes-estudiantes y no en la calidad de los programas. Lo que tenemos hoy es un “pool” de institucio- nes con diferencias garrafales en términos de orientación, presupuesto, calidad de estudiantes y académicos, formas de ingreso, competitividad y proyecto educativo. El explosivo crecimiento de la cobertura estudiantil, que puede ser en cierto modo un mérito del sistema, ha convertido a la gran masa de estudiantes en iletrados con título, a nuestros directivos en operadores de mercado- tecnia y a nuestros académicos en escribidores de artículos inútiles, pero indexados. En esto somos fieles discípulos de las políticas del norte del glo- bo, que preconizan un modelo mundial de educa- ción superior estandarizado, en el cual el Estado desaparece y tanto las carreras como las asignatu- ras serán modeladas por el mercado. En un sistema que creció como una joroba de las leyes de la competencia neocapitalista, las universi- dades del Estado quedaron como una concepción anacrónica del pensamiento libre, la gratuidad educativa universal y el espacio académico como un lugar de reflexión y contribución a la sociedad. Con menos de un 15% de apoyo directo del Es- tado, las universidades disminuyeron su cobertura estudiantil y tuvieron también que ganarse la vida compitiendo por las matrículas y limitando carre- ras y postgrados, especialmente en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, las menos pro- ductivas históricamente, pero fundamentales para pensar desde la cultura el país que queremos. “Lo que está en juego en nuestros días es la posibilidad de que después de casi 45 años, las universidades del Estado puedan recuperar parte de su proyecto educativo: esto es, el de ser universidades públicas, universales, gratuitas y pluralistas”. P.53 Dossier / Nº7 2017 / P.P.