Palabra Pública - N°7 2017 - Universidad de Chile

Davor Harasic Decano de la Facultad de Derecho Pese a la intención declarada del Gobierno de fortalecer las universidades estatales, el conteni- do del proyecto de ley que promueve revela que este responde más bien a la estructura de un eslogan. Las propuestas del Gobierno refuerzan la intervención del Estado en las universidades al no tratarlas como lo que realmente son: instituciones autónomas y libres de control guberna- mental, condición necesaria para el cumplimiento de la función pública que les es consustancial. Dos ejes fundamentales en relación a su autonomía, financiamiento y régimen de gobierno univer- sitario, son particularmente problemáticos. En primer lugar, los fondos comprometidos son escasos y no establecen un plan de mejoramiento o aumento de la matrícula pública. En segundo lugar, falta el esta- blecimiento de criterios objetivos para la distribución de estos recursos. ¿Se privilegiará a las universidades por su calidad, número de estudiantes, necesidades históricas, o bien según lo que convenga al gobierno de turno? La pregunta queda abierta, pero los incentivos están dados para favorecer a aquellas instituciones que sean menos críticas con la contingencia. Por otro lado, en materia de gobierno universitario, es evidente la vocación intervencionista del proyecto, cuestión que se refleja en el elevado número de representantes externos, y particularmente del Gobierno, en la composición de su órgano superior, lo cual instala un riesgo insoslayable de captura. Guillermo Soto Vicepresidente del Senado Universitario El proyecto de ley de universidades del Estado tiene el mérito de manifestar el compromiso del Estado con sus universidades; un avance importante respecto de la situación de anomia en que hemos estado en esta materia en las últimas décadas. Más aún, las indicaciones que ha incorporado recientemente el Ejecutivo mejoran el proyecto original. La acción conjunta de la comunidad y las autoridades de la Universidad de Chile, entre ellas el Senado Universitario, sin duda, contribuyó de modo importante a estas modificaciones. El reconocimiento de la participa- ción de los estamentos en el gobierno universitario y la creación de una red de universidades estatales constituyen dos ejemplos de aspectos positivos del proyecto. Con todo, persisten deficiencias que deberían subsanarse en la discusión parlamentaria. Dos de ellas tienen especial relevancia: el aumento de la matrícula y el resguardo de la autonomía de las universidades estatales. Pensamos que, para avanzar hacia un sistema verdaderamente mixto, el proyecto debería establecer como objetivo estratégico nacional que, en cada región, el número de estudiantes que ingresan a universidades estatales aumentara hasta alcanzar, al menos, el del resto del sistema. Por otro lado, el proyecto propone, para las universidades del Estado, un concepto de autonomía más res- tringido que el vigente en la actualidad, que considera esta tanto en su dimensión académica, como en la económica y administrativa. Pensamos que esta propuesta debe eliminarse, de modo que las universidades estatales mantengan la autonomía que les reconoce la Ley General de Educación. P.48 P.P. / Nº7 2017 / Dossier