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Creo que las que más perdieron, para ser franco, en esta discusión, fueron las univer-
sidades privadas del Cruch. Todas ellas tienen un desarrollo histórico en nuestro país
de aporte a la Educación Superior durante muchos años y además son todas institu-
ciones de gran calidad. Se aumentó el número de becas, pero principalmente para
universidades privadas y no necesariamente las del Cruch. Me parece que ahí hubo
una mirada un poco inadecuada, por decir lo menos.
El trato que el Estado de Chile ha dado a sus universidades a través de los gobiernos
de los últimos años ha sido inadecuado. Lo que han hecho es impulsar a las
universidades del Estado a actuar como si fuesen universidades privadas
y eso es un sinsentido. Estoy convencido de que las universidades del
Estado deben ser apoyadas, fortalecidas muy importantemente, no
sólo en el financiamiento, sino también desde el punto de vista
de la acción del Estado con sus universidades. Permitiendo que
éstas trabajen en red, se articulen, se colaboren y sean institu-
ciones que, si bien es cierto están una en cada región, no es
menos cierto que todas deben confluir en un objetivo co-
mún, en términos de brindar educación de calidad a todos
los chilenos sin distinción de ningún tipo.
CAMILA VALLEJO, DIPUTADA PC:
“Es vital que el Estado refuerce el
vínculo con sus instituciones”
El hecho de que la gratuidad haya sido discutida por una glosa
en vez de en el marco de una reforma integral a la Educación
Superior tiene el problema de dejar fuera de la discusión aspectos
fundamentales como la regulación y democratización de las institu-
ciones de Educación Superior. En ese sentido, el problema es que el de-
bate se centra en el acceso, pero no se considera el tema globalmente. Si bien
es positivo que más jóvenes puedan ingresar a la Educación Superior de manera
gratuita, al hacerlo mediante una glosa en la Ley de Presupuesto y no en el marco de la
reforma a la Educación Superior, corremos el peligro de poner más recursos públicos
a instituciones que no cuentan con una regulación adecuada. Por eso es necesario que
la gratuidad sea tratada en el marco de una reforma que contemple la regulación y
democratización de las instituciones de Educación Superior.
Me parece bien que jóvenes vulnerables tengan la oportunidad de estudiar en insti-
tuciones privadas sin fines de lucro y debidamente acreditadas. El problema es que
la actual legislación no asegura que efectivamente se cumpla con el requisito de no
lucrar y también hay falencias en cómo medimos la calidad de la educación que
estas instituciones entregan, entonces existe el peligro que dineros públicos no vayan
efectivamente a educación, sino al bolsillo de los dueños. Por esto mismo es que urge
que temas de financiamiento sean vistos en el marco de una reforma a la Educación
Superior que tenga como eje el derecho a la educación desde una institucionalidad
pública, democrática y pluralista. Soy una convencida de que es un deber del Estado
hacerse cargo de sus universidades y ahora también lo será de sus Centros de Forma-
ción Técnica. Este hacerse cargo no pasa sólo por aumentar la cantidad de recursos
(que sin duda debe hacerse), sino velar porque efectivamente la educación pública
superior, tanto universitaria como técnica, sea de la mejor calidad y ofrezca reales
oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, pero que también sea un pilar
fundamental de desarrollo para el país, en materia cultural, científica y tecnológica.
En este sentido, es vital que el Estado refuerce ese vínculo con sus instituciones, im-
pulsando la colaboración entre ellas.
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P.P. / Nº4 2017