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D. Oportunismo Político
Los partidos de oposición argentinos cooperaron al aprobar muchos de los instrumentos
fundamentales para la implementación de las políticas del Presidente Alfonsín en lo
referente a derechos humanos. Por ejemplo, la anulación de la ley de amnistía fue
aprobada por todos los partidos representados en el Congreso. Pero se vio también un
nivel relevante de oportunismo, principalmente cuando las dificultades para culminar los
juicios comenzaron a surgir. Por ejemplo, el Partido Peronista se abstuvo de enviar
congresistas a CONADEP, a sabiendas de que su falta de participación podía afectar la
percepción de legitimidad de ésta. Y, aún cuando los legisladores Peronistas concordaron
en privado con la necesidad de limitar los juicios
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y entregaron quórum para aprobar la
legislación, públicamente criticaron estas leyes como concesiones a los militares.
Este oportunismo no se debe por entero a carencia de virtud política. El
oportunismo se crea también producto de la dinámica de confrontación, que es inherente a
un sistema presidencialista de gobierno que coexiste con partidos fuertes y disciplinados
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.
Es poco probable que el oportunismo se hubiera limitado con la existencia, dentro
del Derecho Internacional, del deber de enjuiciar de manera selectiva los abusos a los
derechos humanos cometidos por un gobierno anterior. Por el contrario, los partidos de
oposición hubieran señalado que el gobierno no estaba cumpliendo con sus obligaciones
internacionales, o que incluso era una especie de paria en la comunidad internacional. Los
partidos de oposición - que no absorbieron los costos políticos de limitar esos juicios -
hubieran usado la atención internacional para maximizar sus ganancias políticas. Sólo la
posibilidad de sanciones internacionales extremadamente duras hubiera forzado a los
partidos de oposición a trabajar seriamente para avanzar con los juicios.
E. Ambigüedades
Es inevitable que en política haya algún nivel de discurso contradictorio o ambiguo, dado
los efectos auto-gratificantes y auto-frustrantes de las predicciones, amenazas y
advertencias que existen en este contexto. Por ejemplo, muchas personas insistieron que
cuando el Presidente Alfonsín envió al Congreso la ley de obediencia debida debió haber
sido mucho más abierto con respecto al riesgo que ésta representaba para la democracia y,
por lo tanto, para el futuro de los derechos humanos. Su credibilidad personal se vio
afectada por el hecho de que repitió afirmaciones algo inconsistentes, diciendo que la ley
de obediencia debida era necesaria para preservar el estado de derecho y que él no se
encontraba bajo ningún tipo de presión cuando se decidió a promoverla. Sin embargo, fue
importante el hecho de que no enfatizara en exceso el riesgo de la resistencia militar por
miedo a agitar a los militares y a generalizar la percepción de debilidad al interior del
gobierno. De esta manera, a los oficiales del gobierno se les acusó con frecuencia de
emitir diferentes mensajes intencionalmente, dependiendo de si su audiencia consistía en
oficiales militares, grupos de derechos humanos, ciudadanos u organizaciones
internacionales. Pero si la ambigüedad hubiera sido una práctica común, esto habría
provocado muchos efectos perjudiciales.
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Esto se evidencia en el apoyo que posteriormente se dio a muchos de los perdones más generalizados
otorgados por Menem.
55
En general véase Nino, “Transition to Democracy, Corporation and Constitutional Reform in Latin
America”, 44
U. Miami L. Rev
. 129 (1989).
