21
se derivan de violaciones de derechos humanos durante una guerra u otra catástrofe histórica,
podría alcanzar dimensiones que exceden la imaginación humana. Durante la Segunda Guerra
Mundial aproximadamente 60 millones de personas perdieron la vida. De ellos la Unión
Soviética sufrió la muerte de 20 millones de seres humanos. Si Alemania hubiera tenido que
cubrir la gama completa de las pérdidas materiales producto de este horrendo costo de vidas
humanas no habría sido capaz de levantarse jamás como una nación. Por otra parte, por
ejemplo, luego del término de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 3 millones de
alemanes del
Sudetenland
fueron expulsados de sus hogares ancestrales, y a lo menos 225.000
de ellos fueron asesinados a través de actos oficiales y privados de venganza, claramente en
violación de todos los estándares de derechos humanos aplicables. Sin embargo, el gobierno
alemán ni siquiera intentó tratar los problemas legales vinculados con estos tristes
acontecimientos en un esfuerzo para respaldar los reclamos de las víctimas.
De este modo, el asunto a ser directamente enfrentado es bastante claro. Un sistema de
reparación basado en derechos de reclamo individual puede ser aplicable y efectivo durante
períodos de relativa calma en países que, en general, respetan el estado de derecho. No
proporciona el marco jurídico ideal para resolver los temas de responsabilidad a gran escala.
Si millones de personas han sufrido agravio como consecuencia de un conflicto armado entre
dos Estados, se debería preferir un modelo de acuerdo colectivo.
En primer lugar, los juicios individuales no alcanzarían su objetivo. Los países
deudores simplemente rechazarían dar cumplimiento a las sentencias dictadas en su contra en
países extranjeros. Hasta el presente, la doctrina de la inmunidad soberana todavía se aplica.
Y debe admitirse que la invocación de la inmunidad soberana no puede ser considerada como
un simple pretexto para evadir la responsabilidad. Después de un desastre histórico, será en
general imposible tratar todos y cada uno de los casos en forma individual. El gasto de
recursos humanos para tal fin sería desproporcionado a la necesidad de establecer nuevamente
relaciones pacíficas entre las naciones involucradas. Si miles de abogados pudieran de hecho
participar legalmente en la consecución de dichos acuerdos, no habría posibilidad de que en
alguna oportunidad se pudiera cerrar el capítulo de la culpabilidad colectiva de una nación.
Finalmente, el punto crucial es, nuevamente, que el potencial económico de una nación debe
ser tomado en consideración. En 1996, la CDI incluyó una disposición en el borrador de sus
artículos sobre responsabilidad Estatal en conformidad con la cual un pueblo nunca puede ser
privado de sus medios esenciales de subsistencia (artículo 42(3)). Esta norma, aprobada por la
mayoría de los miembros pero decididamente atacada por otros, deriva su justificación de tres
consideraciones. Por una parte, los Estados no son entidades abstractas, sino organizaciones
de personas, que ciertamente tienen una responsabilidad por su propio destino, pero que
también pueden ser conducidas al camino del crimen por sus líderes, siendo el miembro
individual de la sociedad involucrada a menudo tan impotente como cualquier víctima en un
país extranjero. Segundo, imponer una carga irreal sobre un pueblo significa simplemente
sembrar una semilla de un nuevo conflicto. Ningún pueblo acepta ser tratado como una paria
para siempre. Tercero, difícilmente puede justificarse el comprometer las vidas de una nueva
generación que no tuvo más influencia en las decisiones adoptadas por sus padres y madres
que algún ciudadano de un tercer país
59
.
59
Véase nuestros comentarios “How to Make Peace after War: The Potsdam Agreement of 1945 Revisited”,
Die
Friedens-Warte
72 (1997), 11 et seqq. Para una evaluación similar véase B. Graefrath, “Responsability and
