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médicos. Asimismo se da en algunas cárceles la práctica del cobro de dinero o “derecho de paso”
en determinados sectores, lo que impide o dificulta gravemente el acceso a los servicios médicos
a quienes no tienen los recursos para desplazarse por el penal.
541.
En otros casos, son los propios agentes de seguridad o las autoridades civiles
los que cobran “cuotas” a los reclusos para sacarlos de las celdas y llevarlos a las clínicas;
o bien, determinan arbitrariamente qué reclusos acceden a los servicios médicos, sin ningún
criterio de selección, ni por urgencia, ni por patología, ni siguiendo ningún tipo de lineamiento
científico médico asistencial. En ocasiones son las propias autoridades o ciertos presos los que
comercian ilícitamente –a precios superiores a los del mercado– con medicamentos que deberían
ser distribuidos gratuitamente por el Estado, o con certificados médicos, traslados a hospitales
externos, entre otros.
542.
Así, sucede con frecuencia que aquellos presos con mayor poder o recursos económicos
reciben un trato preferencial, muchas veces acaparando innecesariamente los escasos recursos
de salud disponibles, en detrimento del resto de la población reclusa. Todo lo cual genera una
serie de relaciones reales de poder y círculos de corrupción que impiden, de hecho, que aquellos
reclusos que realmente necesitan de los servicios médicos accedan a ellos.
VII.
Conclusión
[…]
630.
Para que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que les
atribuye el derecho internacional de los derechos humanos, la CIDH recomienda:
[…]
5. Ejercer un monitoreo de las actividades y decisiones de las autoridades administrativas
y judiciales en lo atinente a la asignación de plazas de trabajo, capacitación y estudio;
a la concesión de beneficios penitenciarios; y a la adopción de otras decisiones propias
de la fase de ejecución de la pena, a fin prevenir, investigar y sancionar posibles
irregularidades y actos de corrupción.
8.
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ACUSADAS DE CORRUPCIÓN
8.1.
PERSONAS ACUSADAS DE CORRUPCIÓN EN LA CORTE IDH
Caso López Mendoza vs. Venezuela – 2011
Corte IDH.
Caso López Mendoza vs. Venezuela
. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de
septiembre de 2011. Serie C No. 233.
Texto completo disponible [en línea]
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[consulta: 24 mayo 2012].
El señor López Mendoza era un alcalde quien fue impedido de participar de las elecciones
municipales de 2008 en Venezuela. Estas restricciones a sus derechos políticos y otras sanciones
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