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En resumen, la Corte sostiene:
1.
La supremacía del Convenio 169 por sobre la ley de VIF, permite la aplicación de la
costumbre. La C.S. entendió que era un problema de interpretación, y que hacían bien
los jueces en su labor interpretativa al aplicar de manera preferente el Convenio.
2.
Cuestiones de orden probatorio que era necesario resolver:
a.
Si los involucrados efectivamente pertenecen al pueblo indígena mapuche y
b.
Si efectivamente este es el sistema de resolución de conflictos de los mapuches.
3.
La Corte Suprema comparte la opinión de la Corte de Apelaciones, en orden a que
por aplicación del art. 2° de la ley indígena, los apellidos son suficientes para aplicar el
Convenio 169 de la OIT.
En cuanto a si se trataba o no de una costumbre mapuche, también comparte la
opinión de que es un hecho público y notorio la solución por medio de negociación y
considera que ésta puede ser una disculpa pública a la afectada. El voto de minoría,
señala que efectivamente no hay un problema de interpretación, que no hay
obscuridad en los preceptos involucrados, pero que debe primar la ley de VIF. Señala
que el objetivo de la norma que prohíbe los acuerdos reparatorios es igualar la
inexistencia de igualdad entre víctima y victimario y la constatación de que los
avenimientos han sido inadecuados para enfrentar este la violencia intrafamiliar.
Además, se sostiene que el artículo 9 del Convenio 169 establece como límite expreso
a la aplicación de la costumbre, su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico
nacional
3.3. Temas relevantes que surgen de ambas soluciones y la errada perspectiva de
solución de alternativas excluyentes
De los argumentos expuestos en la jurisprudencia analizada, es relativamente clara la
controversia: si se aplican los acuerdos reparatorios por considerar preferente la
aplicación del Convenio 169 y la utilización de la costumbre indígena como método de
