Gobernanza de plataformas digitales en Chile: antecedentes y recomendaciones desde la evidencia

El diagnóstico institucional muestra, además, una proliferación de pro- yectos de ley sobre plataformas y desinformación con problemas de téc- nica legislativa, junto con una jurisprudencia que ha resuelto conflictos caso a caso mediante acciones de protección, sin establecer un régimen general de responsabilidad. Así, parte de la gobernanza de plataformas se ha construido por vía judicial, sin un debate legislativo suficiente. El rol de los algoritmos confirma que las plataformas no se pueden seguir consi- derando solamente como intermediarias y que se requieren mecanismos de autorregulación, corregulación y eventual regulación estatutaria, con capacidades técnicas, presupuesto y competencias hoy insuficientes en la institucionalidad chilena. En desinformación existen hitos relevantes, como la Comisión Asesora contra la Desinformación y avances sectoriales del SERVEL en integri- dad informativa electoral, pero persisten déficits de seguimiento, coor- dinación y cumplimiento. Algo similar ocurre con la AMI: hay iniciativas importantes, pero fragmentadas y todavía dominadas por un paradigma de alfabetización digital centrado en acceso, uso funcional y habilidades técnicas. Esta brecha es especialmente relevante porque las encuestas muestran un uso intensivo y desconfiado de redes sociales como fuente de información, donde medios, cuentas especializadas, creadores de con- tenido y desinformación conviven de manera indiferenciada, con poten- ciales efectos sobre la percepción de realidad, la desafección democrática y la agencia colectiva. Finalmente, el caso chileno debe situarse en un escenario multilateral marcado por la revisión CMSI+20, los debates del IGF y los compromi- sos sobre integridad informativa asumidos ante la OCDE y en espacios de cooperación regional. Aunque existen señales relevantes -como el rol de Segegob en estos debates y el Memorándum de Entendimiento con Brasil-, persiste una deuda en implementación institucional, seguimiento e indicadores evaluables. En este contexto, regular plataformas supone reconocer una nueva materialidad de las comunicaciones, con puntos de contacto con sectores como prensa, radiodifusión y telecomunicaciones, pero también con rasgos propios asociados a algoritmos, monetización, datos personales y circulación de contenidos generados por usuarios (Winseck, 2024). Por ello, el rol de la regulación debe desplazarse desde un énfasis centrado en los contenidos hacia las infraestructuras, conductas algorítmicas y modelos de negocio, reservando la intervención sobre con- tenidos y el derecho penal para casos graves y estrictamente delimitados. 57 56 POLICY PAPER N°10 / SERIE COMUNICACIONES