Gobernanza de plataformas digitales en Chile: antecedentes y recomendaciones desde la evidencia

en una posición ambigua: se benefician de la armonización normativa y de la reducción de barreras regulatorias, pero enfrentan crecientes exi- gencias estatales en competencia, tributación y gobernanza algorítmica (UNCTAD, 2024). Fuera del ámbito de la OMC, acuerdos como el Tratado Integral y Pro- gresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP), el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA por sus siglas en inglés) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),han sido identificados como instrumentos comerciales modernos que incorporan principios relevan- tes para la economía digital y el comercio internacional (Burri & Polanco, 2020; Makiyama & Narayanan, 2019; López et al., 2020; Muñoz & Cáceres, 2022; Muñoz et al., 2020). En particular, el DEPA reconoce el valor global de una Internet abierta como facilitadora de la economía digital y de la innovación, así como el rol de los estándares abiertos para favorecer la interoperabilidad entre sistemas digitales. Esta formulación resulta relevante porque contribuye a conceptualizar Internet como un bien público global descentralizado (Sánchez, 2024). La política comercial digital comprende regulaciones, acuerdos y estrate- gias orientadas a facilitar y ordenar el comercio de bienes y servicios me- diante medios digitales. Su relevancia ha aumentado con la necesidad de asegurar flujos de datos, acceso a mercados digitales e interoperabilidad de servicios, junto con abordar desafíos como la protección del consumi- dor, la seguridad de la información y la competencia justa entre actores nacionales y extranjeros (CEPAL, 2024; Ferracane, 2022). En este marco, la responsabilidad de los intermediarios, los requisitos de desempeño, las exigencias de contenido local y las obligaciones de inversión resultan especialmente relevantes, pues condicionan el grado de apertura, innova- ción y seguridad del ecosistema digital. En la discusión actual sobre la responsabilidad de los intermediarios en el entorno digital, la existencia o ausencia de regímenes de safe harbour (o puerto seguro) constituye un indicador clave dentro de los marcos de política comercial digital. Así, la no imposición de responsabilidad directa a empresas proveedoras de Internet (ISPs), motores de búsqueda y plata- formas de intermediación, se conceptualiza como una “medida habilitan- te” hacia un entorno comercial digital abierto y competitivo, al facilitar la innovación y reducir barreras de entrada para nuevos servicios y actores. A la inversa, la asignación de responsabilidad legal a intermediarios es reconocida como una “medida restrictiva”, pues eleva los costos regulato- 21 20 POLICY PAPER N°10 / SERIE COMUNICACIONES