Policy Brief - Buen trato en la docencia clínica: Recomendaciones para fortalecer e implementar la Norma de Sana Convivencia y Protección de la Salud Mental en Campos Clínicos

5 mental como la calidad del proceso formativo. Si bien la Norma reconoce estos riesgos, no establece estándares mínimos exigibles, a diferencia de otros marcos que han mostrado que reducir la sobrecar- ga y fortalecer la supervisión mejoran el bienestar y la seguridad del paciente (GMC, 2019; WFME, 2023; ACGME, 2024). Una tercera brecha se vincula con la apli- cación efectiva de los derechos humanos, la pers- pectiva de género y la inclusión. Aunque la Norma incorpora estos principios como orientadores, su operacionalización sigue siendo limitada en los es- cenarios clínicos, donde persisten prácticas de dis- criminación, exclusión y violencia simbólica (Bayer et al., 2022; OMS, 2021). Una cuarta brecha corresponde a la partici- pación estudiantil. En muchos campos clínicos, esta sigue siendo principalmente consultiva y con escasa incidencia en la identificación de problemas, en el monitoreo del clima formativo y en la mejora de las condiciones de aprendizaje. La evidencia muestra que los mecanismos seguros, continuos y con capa- cidad de incidencia fortalecen la corresponsabilidad institucional y contribuyen a mejorar el ambiente educativo (Cavaleiro & De Carvalho, 2024; Constan- tinou & Wijnen-Meijer, 2022; Strand et al., 2024). Por último, persisten debilidades en la in- ducción, el acompañamiento y la evaluación do- cente. Las inducciones suelen centrarse en aspectos administrativos, sin abordar lo suficiente la prepa- ración ética, relacional y emocional para el ingreso en los campos clínicos, mientras que la evaluación docente rara vez incorpora indicadores de buen tra- to, de retroalimentación y de clima de aprendizaje. La evidencia internacional sugiere que integrar estas dimensiones mejora tanto la experiencia formativa como el rendimiento estudiantil (Branch & Frankel, 2016; Bradley & Becker, 2021; Tizón, 2005). En conjunto, estas brechas muestran que la implementación de la Norma requiere lineamientos técnicos comunes, estándares verificables y meca- nismos sistemáticos de monitoreo que aseguren una aplicación más homogénea y equitativa. Fortalecer su dimensión operativa y pedagógica es hoy una prioridad de política pública para resguardar la salud mental y los derechos del estudiantado y avanzar ha- cia una docencia clínica de mayor calidad, coherente con los estándares internacionales y con los princi- pios que orientan la formación en salud en Chile. 3. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA La formación clínica en las universidades del área de la salud se ha consolidado como un espacio estraté- gico para la integración entre teoría y práctica, pero también como uno de los ámbitos más complejos en términos de regulación, calidad docente y res- guardo del bienestar estudiantil. En ella confluyen funciones asistenciales, pedagógicas y evaluativas que exigen coherencia ética, claridad formativa y condiciones institucionales adecuadas. En Améri- ca Latina, y particularmente en Chile, la evidencia ha mostrado que los escenarios clínicos continúan siendo espacios atravesados por jerarquías, sobre- carga y desigualdad, lo que incide tanto en la expe- riencia educativa como en la permanencia y el bien- estar del estudiantado (Bayer et al., 2022; Lee et al., 2025; OMS, 2021; Valerio et al., 2023). En este marco, la Norma constituye un avan- ce sustantivo en la regulación de estos espacios, al establecer el deber institucional de resguardar el bienestar, el respeto y la equidad, con un enfoque de derechos humanos y de género (SES, 2025). No obstante, desde una perspectiva de política pública, el principal desafío ya no radica en la formulación general del problema, sino en su implementación efectiva. La Norma ofrece un marco orientador ro- busto, pero aún requiere instrumentos operativos capaces de traducir sus principios en criterios ob- servables, procedimientos comunes y mecanismos de seguimiento. Desde la perspectiva de la política univer- sitaria, esta dificultad revela una tensión entre la formulación normativa, la gestión institucional y la implementación en el terreno. La existencia de una