Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad
POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA rísticas del parque construido (proporción de viviendas pre-2008, materialidad deficiente); v) microclimas urbanos adversos (islas de calor/frío documentadas). Este índice permitiría asignar recursos públicos priorizando territorios donde la intervención generaría mayores co-beneficios (salud, confort, reducción de emi- siones, equidad) y donde las comunidades enfrentan mayores barreras para au- to-gestionar mejoras. Adicionalmente, es necesario que el Estado recupere capacidad de planificación y gestión territorial. El modelo actual de entrega de subsidio, como el de acondi- cionamiento térmico, externaliza a privados (entidades patrocinantes) la gestión de la demanda, eliminando la capacidad de focalización territorial del MINVU. Hoy quienes gestionan las postulaciones y organizan a las familias son entidades priva- das; lo mismo ocurre con la ejecución, fiscalización, monitoreo y supervisión de las obras. Esto ha minimizado la capacidad del MINVU de planificar territorialmente las intervenciones: si el sector privado no tiene interés, no es posible aplicar sub- sidio en áreas o territorios menos rentables, como zonas rurales aisladas. Es im- portante también acelerar la creación de bancos de suelos públicos que permitan al Estado desarrollar vivienda social en localizaciones bien servidas con estánda- res térmicos adecuados desde el diseño, evitando el patrón histórico de vivienda social periférica de baja calidad. Finalmente, una forma de regulación de los precios en zonas estratégicas, para evi- tar que mejoras térmicas subsidiadas generen gentrificación que expulse a hogares vulnerables, es el impuesto a la vivienda ociosa y a la ganancia de capital del suelo, lo que permitiría destinar recursos recaudados específicamente a programas de rehabilitación energética de hogares vulnerables. Esta vinculación explícita entre instrumentos redistributivos y financiamiento de eficiencia energética aseguraría que la transición hacia un parque habitacional energéticamente eficiente actúe como mecanismo de equidad, no de reproducción de desigualdades. EJE 3. DE LA INTERVENCIÓN PUNTUAL A LA GOBERNANZA SOSTENIDA La efectividad de las políticas contra la pobreza energética requiere superar la ló- gica de intervenciones puntuales y construir sistemas robustos de seguimiento, evaluación y articulación institucional, que aseguren aprendizaje continuo, ajuste basado en evidencia y participación efectiva de las comunidades afectadas. Este eje propone transitar desde intervenciones aisladas, evaluadas únicamente por sus resultados inmediatos, hacia una gobernanza sostenida que articule informa- ción, instituciones y comunidades en torno a una agenda compartida de habitabi- lidad y justicia energética. 71
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