Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA Viviendas arrendadas. Establecer incentivos tributarios para arrendadores que mejoren eficiencia energética, con procedimientos de implementación claros y prediseñados, evitando que se convierta en una barrera para los propietarios; de lo contrario, sólo sería utilizado por grandes inversionistas. Implementar obligaciones mínimas de desempeño térmico para viviendas ofrecidas en arriendo, establecien- do que viviendas bajo cierto estándar CEV no puedan arrendarse o deban declarar explícitamente sus deficiencias térmicas. Esto permitiría crear protecciones para arrendatarios, como el derecho a solicitar mejoras térmicas básicas cuando la vi- vienda no cumple estándares mínimos, y protección contra aumentos de arriendo post-mejora cuando estas son financiadas con subsidios públicos. Vincular sub- sidios de arriendo con estándares mínimos de habitabilidad térmica de viviendas elegibles, de modo que recursos públicos no subsidien arriendos de viviendas tér- micamente deficientes, sino que incentiven oferta de viviendas en arriendo con desempeño adecuado. Situaciones de allegamiento. Esta modalidad, frecuentemente invisibilizada en las políticas públicas, requiere instrumentos específicos que reconozcan sus particu- laridades. Se recomienda diseñar líneas de financiamiento que permitan interven- ciones en viviendas que albergan núcleos allegados con autorización del propie- tario principal, abordando simultáneamente las condiciones de hacinamiento y la calidad térmica de los espacios efectivamente habitados. El Estado debe recuperar capacidad de planificación territorial y redistribuir las plusvalías urbanas hacia la justicia ambiental Los esquemas de financiamiento para eficiencia energética deben integrarse a instrumentos de planificación urbana y regulación del mercado inmobiliario para evitar que inversiones públicas terminen capturadas por dinámicas especulativas. Implementar captura efectiva de plusvalías urbanas, destinando recursos a fondos de reacondicionamiento térmico en barrios que experimentan valorización por in- versiones públicas. La priorización territorial de las intervenciones debe basarse en criterios técnicos combinados con principios de justicia ambiental. Se propone desarrollar un índi- ce de priorización que integre: i) severidad de condiciones térmicas (temperaturas interiores medidas, brechas respecto a estándares OMS); ii) exposición a contami- nación atmosférica (concentraciones de PM2.5, zonas con PDA); iii) vulnerabilidad socioeconómica de la población (prevalencia de pobreza energética); iv) caracte- 70