Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA El modelo de provisión habitacional ha consolidado estructuras urbanas altamen- te segregadas, donde la localización de viviendas destinadas a grupos de menores ingresos se concentra en áreas periféricas carentes de infraestructura energéti- ca adecuada y servicios ambientales (Encinas et al. 2022; Felmer Plominsky et al. 2023). Esta distribución espacial no solo reproduce desigualdades en el acceso a oportunidades económicas, sino que también incrementa la exposición diferen- ciada a condiciones extremas de clima urbano —como islas de calor o frío— in- tensificando la concentración de la pobreza energética en territorios vulnerables (Encinas et al. 2023; López-Guerrero et al. 2024). Basado en la subsidiariedad estatal y la primacía del mercado, el modelo habita- cional consolidó una “privatópolis inmobiliaria” (Hidalgo Dattwyler et al. 2008) me- diante un “urbanismo represivo” que erradicó poblaciones de bajos ingresos de áreas centrales.La localización periférica de la vivienda social, con escaso acceso a servicios, empleo y transporte, reproduce la desigualdad y constituye un factor adicional de vulnerabilidad energética, como evidenció la pandemia de COVID-19. Las viviendas en estas localizaciones frecuentemente enfrentan condiciones cli- máticas más adversas —producto de microclimas urbanos como islas de calor o frío— sin contar con la infraestructura energética o las características construc- tivas necesarias para mitigar estos efectos. Los subsidios de localización, instrumentos diseñados para contener la expansión urbana dispersa y promover la integración social, suelen terminar subsidiando la renta del suelo en lugar de garantizar calidad constructiva o mejores condiciones de eficiencia energética. Esta dinámica revela cómo las lógicas especulativas del mercado inmobiliario capturan incluso los instrumentos públicos diseñados para contrarrestarlas, perpetuando patrones de segregación que tienen consecuencias directas sobre la vulnerabilidad energética de los hogares. A esto se suman las modalidades de tenencia y capacidades diferenciadas de ac- ción. Desde comienzos del 2000, el aumento del arriendo y el allegamiento ha re- forzado estas asimetrías estructurales. El arriendo, que alcanza aproximadamente un tercio del parque habitacional, genera situaciones donde quienes experimentan cotidianamente las condiciones de habitabilidad (arrendatarios) no tienen capaci- dad de decisión sobre mejoras estructurales de la vivienda. El allegamiento, que representa alrededor del 50% del déficit habitacional (Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 2022), presenta capacidades de acción aún más restringidas, agra- vadas por el hacinamiento que aumenta la exposición a condiciones extremas de frío y calor, problemas de ventilación y calidad del aire interior. Estas limitaciones operan en sinergia con las asimetrías socioespaciales documen- 49