Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA los habitantes acceden a información que no reciben por canales formales, apren- den técnicas de intervención de otros vecinos que han experimentado situaciones similares, y generan capacidades de negociación colectiva que serían inviables in- dividualmente. Como se mencionó anteriormente, participantes con redes de apo- yo comunitarias expresaban mayor capacidad de resiliencia, mientras que quienes carecían de estas redes frecuentemente expresaban sentimientos de resignación al confrontar la privación energética. La dimensión comunitaria emerge así como factor protector frente a la pobreza energética, aunque su efectividad está condicionada por la densidad y calidad de las redes sociales existentes en cada territorio. Esta evidencia subraya que la su- peración de la pobreza energética no puede lograrse únicamente mediante inter- venciones técnicas individuales, sino que requiere fortalecer la cohesión social y las capacidades de organización comunitaria que permiten respuestas colectivas más efectivas. Estas constituyen recursos estratégicos—aunque actualmente su- baprovechados—para abordar integralmente la vulnerabilidad energética domés- tica mediante estrategias que reconozcan las dimensiones comunitarias y colabo- rativas de la equidad energética. A nivel institucional, existen iniciativas que reconocen explícitamente la dimensión comunitaria de los desafíos habitacionales. El programa “Quiero mi Barrio” del MIN- VU representa el esfuerzo más consolidado en esta dirección, promoviendo proce- sos participativos de diagnóstico y mejoramiento integral de barrios vulnerables. Este programa incluye componentes de eficiencia energética y confort térmico, facilitando espacios de diálogo entre vecinos, técnicos y autoridades para identi- ficar y gestionar soluciones habitacionales contextualizadas. La estructura del programa contempla instancias participativas en distintas fases: diagnóstico compartido donde las comunidades identifican problemáticas priori- tarias, co-diseño de soluciones donde se integran conocimientos técnicos y loca- les, y seguimiento conjunto de implementación. Esta arquitectura institucional re- conoce que las comunidades poseen conocimientos situados valiosos sobre sus necesidades habitacionales que deben informar las intervenciones. Sin embargo, el programa enfrenta limitaciones significativas. Su cobertura terri- torial es restringida —beneficia a barrios seleccionados mediante criterios de fo- calización— dejando sin atención a la mayoría de territorios vulnerables. Adicio- nalmente, su horizonte temporal limitado (típicamente 2-3 años de intervención) dificulta la consolidación de capacidades comunitarias permanentes de gestión del hábitat. Una vez finalizada la intervención, frecuentemente se debilitan los es- 33

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