Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA des. Por un lado, los propietarios tienen autonomía para realizar mejoras y pueden ser beneficiarios directos de programas de acondicionamiento térmico como el Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Por otro lado, la atomización im- plica que el Estado debe gestionar postulaciones uno a uno, lo que limita la efica- cia y escalabilidad de intervenciones masivas. Esta característica contrasta con modelos de vivienda social de propiedad estatal (como en otros países ⁴ ) donde el Estado puede intervenir directamente el parque habitacional con mayor eficacia. Adicionalmente, la propiedad de vivienda social en Chile ha generado lo que Si- mian (2010) denomina el “efecto inmovilizador”: familias que no pueden optar por moverse a otros barrios o ciudades en busca de mejores oportunidades, quedan- do atadas a localizaciones periféricas con limitada infraestructura energética. Este efecto inmovilizador interactúa con las condiciones de eficiencia energética, ya que los hogares que permanecen en viviendas térmicamente deficientes sin capacidad económica ni posibilidades prácticas de relocalizarse. En viviendas arrendadas, operan incentivos estructuralmente desalineados entre quienes soportan las consecuencias de la ineficiencia energética y quienes tienen capacidad de invertir en mejoras. Los arrendatarios pagan el consumo energético y experimentan cotidianamente las condiciones de (dis)confort térmico, pero ca- recen de incentivos para invertir en mejoras permanentes de una propiedad que no les pertenece. Los arrendadores, por su parte, no experimentan directamente los costos de operación ni las condiciones de habitabilidad, reduciendo sus incen- tivos para mejorar la eficiencia térmica de las viviendas que rentan. Esta desalineación de incentivos se ve exacerbada por la ausencia de regulación sobre estándares mínimos de eficiencia energética para viviendas en arriendo. A diferencia de otros países que establecen certificaciones energéticas mínimas ⁴ En Viena, por ejemplo, el municipio es propietario de aproximadamente 220.000 viviendas sociales (Gemeindebauten) que albergan a cerca de un cuarto de la población, y actualmente ejecuta unos 80 proyectos de retrofitting con una inversión de 800 millones de euros orientados a la descarbonización y eficiencia energética de ese parque (Littig & Grießler, 2005; Stadt Wien, 2024). En Singapur, donde el Housing and Development Board (HDB) gestiona viviendas que albergan al 80% de la población resi- dente, el Estado ha implementado desde 1990 programas sucesivos de mejoramiento —Main Upgra- ding Programme, Home Improvement Programme y Green Towns Programme—que permiten interve- nir sistemáticamente el parque habitacional existente con obras subsidiadas de reparación estructural, eficiencia energética e instalación de paneles solares (Phang, 2007; HDB, 2020). En los Países Bajos, donde la vivienda social alcanza el 30% del stock —la proporción más alta de Europa—, las corpora- ciones de vivienda (woningcorporaties), entidades sin fines de lucro bajo supervisión estatal, ejecu- tan programas masivos de renovación energética sobre un parque que permanece fuera del mercado (Scanlon & Whitehead, 2011). En estos modelos, la propiedad pública o el control estatal sobre el stock habitacional permite planificar y ejecutar intervenciones de eficiencia energética y habitabilidad a es- cala, sin depender de la voluntad individual de propietarios dispersos. 30