Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA nergias significativas. Sin embargo, al operar de manera desarticulada, sus efectos tienden a ser parciales y, en algunos casos, incluso contradictorios. Por ejemplo, las intervenciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir la conta- minación suelen implementarse de forma independiente —ya sea mediante el re- cambio de calefactores o a través de mejoras en la envolvente térmica—, sin una articulación suficiente entre instrumentos complementarios (por ejemplo, subsidios que viabilicen el uso del energético sustituto) ni una comprensión de la vivienda como un sistema integrado. Esta falta de coordinación limita el potencial impacto de las intervenciones cuando se consideran en su conjunto. A escala intradomiciliaria, esta fragmentación se traduce en que las mejoras en una dimensión (por ejemplo, la reducción de infiltraciones) no necesariamente se acompañan de ajustes en otras dimensiones complementarias, como una ventila- ción adecuada o sistemas de calefacción apropiados. Tal como se documentó en el diagnóstico, las brechas en términos de confort térmico y calidad del aire interior son más pronunciadas en comunas vulnerables, lo que sugiere que la coordinación entre aspectos térmicos, de ventilación y de combustión segura resulta fundamen- tal para el diseño e implementación de intervenciones efectivas. La dimensión cultural interactúa con la asequibilidad de energéticos limpios y con choques externos de ingreso, generando trayectorias sociotécnicas complejas que requieren abordajes adaptados a cada territorio. La implementación efectiva de políticas demanda coordinación en múltiples niveles: vertical (nacional-regional-lo- cal) para adaptar estrategias a contextos territoriales específicos, y horizontal (vi- vienda-energía-ambiente-desarrollo social) para abordar las múltiples dimensio- nes de la pobreza energética. Adicionalmente, la efectividad de estas coordinaciones depende de capacidades institucionales distribuidas de manera desigual en el territorio. La capacidad mu- nicipal para implementar programas, la disponibilidad de financiamiento regional, y la calidad de las cadenas de suministro de equipos y combustibles (como pellets certificados) varían significativamente entre territorios, condicionando los resulta- dos alcanzables con diseños programáticos uniformes. La interoperabilidad de datos entre sectores —información sobre características de viviendas, patrones de consumo energético, incidencia de enfermedades respi- ratorias— constituye otro desafío de coordinación actualmente no resuelto. Esta integración de información resultaría fundamental para focalización dinámica de programas y para evaluación post-ocupacional (Becerra et al. 2018) sistemática de intervenciones, permitiendo aprendizajes que informen el ajuste de políticas. Una 27