Policy Paper. Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habilidad

POLICY PAPER: VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA La evidencia acumulada muestra que las políticas de vivienda, energía y ambien- te en Chile tienden a operar en “carriles” paralelos, generando resultados hetero- géneos en bienestar térmico, calidad del aire y gasto energético de los hogares. Persisten fricciones entre reglamentos térmicos, instrumentos de calificación y metas ambientales que dificultan respuestas coherentes a la pobreza energética. Existen desajustes entre la Reglamentación Térmica contenida en la OGUC, la Cali- ficación Energética de Viviendas (CEV) como instrumento de evaluación, y la expe- riencia real de los residentes. Estas tensiones se manifiestan en vacíos específicos para el parque construido, generando discrepancias entre “lo que exige la norma” (aplicable solo a viviendas nuevas), “lo que califica el instrumento” (que puede o no capturar dimensiones críticas de habitabilidad), y “lo que vive el hogar” (las condi- ciones térmicas reales experimentadas cotidianamente) (Vásquez-Manquián, De- cinti-Weiss, y Díaz-Huenchuan 2020). Esta desalineación tiene consecuencias prácticas directas. Por un lado, afecta la elegibilidad y focalización de subsidios habitacionales, ya que los criterios de ac- ceso a programas de mejoramiento pueden no corresponder con las necesidades reales de los hogares en situación de pobreza energética. Por otro lado, genera in- consistencias en las exigencias establecidas en los PDA, respecto a criterios de confort térmico y ventilación efectiva, llevando a que las intervenciones ambienta- les puedan no considerar adecuadamente las dimensiones de habitabilidad. Adicionalmente, existen rezagos en la incorporación plena de conocimiento técnico disponible a la regulación vigente. Aunque existen investigaciones que han estable- cido líneas base nacionales de hermeticidad, infiltraciones normalizadas por tipolo- gía constructiva y bases meteorológicas horarias para 54 provincias, esta evidencia no se ha traducido completamente en términos normativos con requisitos explíci- tos y procesos institucionalizados de seguimiento (Bobadilla y Figueroa 2014). Esta brecha entre conocimiento técnico disponible y regulación implementada refleja limitaciones en los mecanismos de actualización normativa basada en evidencia. La coordinación entre instrumentos de política pública determina en gran medida la magnitud de los co-beneficios que es posible alcanzar. En este contexto, los Pla- nes de Descontaminación Atmosférica (PDA), los programas de recambio de cale- factores, las iniciativas de acondicionamiento térmico y el etiquetado de viviendas constituyen instrumentos que, si se articulan adecuadamente, podrían generar si- BOLT 2.2 COORDINACIÓN INTERSECTORIAL: FRAGMENTACIÓN COMO BARRERA ESTRUCTURAL 26