Policy Brief: Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad

7 Imagen 2. Aparecen personas distintas marchando en el centro de una ciudad con distintas pancartas. “Uno de los carteles dice salud como derecho no como privi- legio”. Avances en materia de marcos regulatorios y políticas públicas En el año 2010 se promulgó la ley 20.422 que establece nor- mas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, cuyo artículo 9 garantiza el dere- cho a su sexualidad y salud reproductiva, considerando a mu- jeres con discapacidad y personas con discapacidad mental, intelectual y psicosocial, (en la citada ley discapacidad mental) como un grupo en mayor situación de vulnerabilidad. En lo que refiere a educación sexual, la normativa vigente en esta materia queda regulada en la ley 20.418, promulgada el 2010 que fija normas sobre la información, orientación y prestaciones relacionadas con fertilidad. El foco difiere de la educación sexual integral (ESI), en cuanto no se considera la sexualidad en todas sus dimensiones: psicológicas, físicas, socioculturales y éticas. En cuanto a políticas de salud, han habido estrategias que trabajan a nivel de DSR. En el Plan de Acción 2012-2020 del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jó- venes (Ministerio de Salud, 2013) se incluyen como áreas específicas - categorizadas como problemas de salud- la discapacidad y la SSR, aunque sin mayor articulación entre ambos, priorizando el objetivo de disminuir la prevalencia del primero y centrado en las infecciones de transmisión se- xual en el segundo. Luego, para el año 2018 se planteó en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva la nece- sidad de establecer un programa nacional de esta materia, transversalizar las acciones en todos los prestadores de salud y fortalecer el trabajo intersectorial. En este documento, las PcD son mencionadas como un grupo de particular consi- deración desde la vulnerabilidad (Ministerio de Salud, 2018). Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030 plantea como objetivo de impacto: “abordar integralmente las necesidades en SSR de las personas a lo largo del curso de la vida, desde un enfoque de género, de intersecciona- lidad, interculturalidad y de derechos” (Ministerio de Salud 2022, p. 50). Por último, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es el esfuerzo más reciente de articular es- trategias para la acción en esta materia, la que considera la discapacidad como un grupo en situación de especial vulne- rabilidad, junto a otros grupos de particular interés.