Voces de la Universidad para la educación del nuevo Chile

17 Voces de la Universidad para la educación del nuevo Chile. 1.2 Reformas regulatorias Un segundo eje que es necesario considerar son las reformas re- gulatorias, es decir, el marco evaluador del sistema educativo en su conjunto. Al respecto, se identifican una serie de políticas y refor- mas: la ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2006); la ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial (2008); la Ley General de Educación (LGE) en 2009, que reemplazó a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada por Pi- nochet el día antes de dejar La Moneda en marzo de 1990; la ley 20.529 referida al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (2011); la Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Edu- cación (2011); y la Ley 20.903 (2016) que se refiere al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Estas reformas han marcado la tónica de las últimas décadas, con énfasis en la evaluación, la ren- dición de cuentas e incentivos al desempeño. Es así como desde 2006, se comienza a cimentar lo que se ha descrito como “Estado Evaluador”, con un sistema de referencia basado en estándares de calidad que consideran procesos y re- sultados, según los cuales, independiente del tipo de propiedad del establecimiento, se debe responder con mínimos de un buen servicio educativo. Esta lógica de rendición de cuentas, incentivos y sanciones reafirmó el modelo de mercado, educacional basado en elección y competencia. En el nivel escolar esto se traduce en la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), en el Sistema Nacional de Educación Pública y en el Sistema de Aseguramiento de Calidad, y la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad. En la educación superior, impera la misma lógica. Esta se refleja en los procesos de acreditación al que se deben someter los esta- blecimientos que aspiran a recibir recursos fiscales, en el Crédito con Aval del Estado (CAE), y más recientemente en la gratuidad o en becas que reciben los estudiantes, de acuerdo a ciertos criterios socioeconómicos o a otras características. La acreditación y el traspaso de recursos del Estado se produce así en virtud de una “calidad” medida con determinados paráme- tros, independiente de si los estudiantes asisten a una institución pública o a una privada. Tales políticas no han sido producto del azar, sino que encuentran