La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

La educación particular subvencionada como cooperadora del Estado Claudio Almonacid En el debate nacional se ha planteado reiteradamente que el sistema esco- lar chileno exige pocos requisitos para ser sostenedor de establecimientos edu- cacionales, para recibir recursos públicos y para abrir nuevos colegios. Cabe preguntarse, a partir de la experiencia internacional y los resultados del sistema escolar, si hay fundamentos para sostener esta crítica. Y si la crítica es correcta, ¿qué nuevos requisitos se podría exigir para convertirse en sostenedor, para recibir recursos públicos y para abrir nuevos establecimientos educacionales en Chile? Los cuatro puntos que revisamos a continuación son un intento de responder a estas preguntas. A ntecedentes del funcionamiento del sistema educacional chileno El sistema educacional chileno se organiza en función de los mandatos de la Constitución Política y de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), ambas aprobadas durante la dictadura militar. En ellas se impone un sistema descentralizado en el cual el Estado debe resguardar especialmente la libertad de enseñanza y financiar un sistema gratuito que asegure el acceso de la población a la enseñanza básica. En este esquema, el rol del Estado es fo- mentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, delegando en otros actores la administración del sistema escolar. Como señala el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la descentralización de la educación en Chile, iniciada por el gobierno militar a principios de los ochenta, formó parte de un proceso mayor de descentralización del Estado. Por razones ideológicas, vin- culadas al desmantelamiento de la influencia del Estado y de las autoridades políticas, como por fundamentos económicos, ligados a la concepción neoli-

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