La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

107 Dagmar Raczynski, Daniel Salinas tema fue en parte consecuencia de la confusa diferenciación que la insti- tucionalidad vigente hace entre lo técnico-pedagógico y lo administrativo, que instaló una “doble dependencia” de los establecimientos educaciona- les, desligando teóricamente al municipio de un rol pedagógico que, en la práctica, igualmente juega a través de las decisiones “administrativas” que toma y que impactan en dicho rol. Por mucho tiempo, el Ministerio de Educación se ha relacionado directamente con las escuelas, saltándose a los municipios, como si el sostenedor de la educación pública no existiera o no fuese un actor central en la gestión de esta educación. Se suma a ello, la enorme dificultad que tiene el aparato público chileno de operar intersectorialmente. Las relaciones entre el Mineduc y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), interlocutor público por excelencia de los alcaldes y municipios, han sido y son esporádicas y dis- continuas en el tiempo. Fue necesario que el sistema hiciera crisis para volver a pensar las funciones y responsabilidades de los sostenedores de educación así como el rol imprescindible del nivel central del Estado en el sistema educativo. Para los estudiantes secundarios, que golpean la mesa y gatillan el debate, la crisis de la educación municipal tenía su razón en que el Estado —el ni- vel central del Gobierno— se había desentendido de la responsabilidad de garantizar el derecho a una educación de calidad, delegándola en los mu- nicipios. Los estudiantes decían “difuminándola en los municipios”. De este modo la aparición del sostenedor ocurre como crítica a la municipalización y plantea como demanda, la responsabilización del Estado frente al problema educativo. Pero si bien existe consenso en que el rol del Estado es garantizar una educación de calidad para todos, no hay tal a la hora de definir cuales son las soluciones institucionales más adecuadas para hacer efectivo dicho rol. Como lo señala en su Informe Final el Consejo Asesor de Educación, las alternativas de respuesta que se plantearon en su seno en lo que concierne a la institucionalidad de la educación pública, son diversas y van desde con- servar la gestión de los colegios públicos en los municipios hasta traspasar- los al nivel central del gobierno, incluyendo alternativas intermedias como la creación de agencias especializadas en educación que podrían ubicarse en algún nivel descentralizado, ya sea municipal, intermunicipal, regional u otro. Razones de diversa naturaleza —técnicas, financieras, políticas, ideo- lógicas— son esgrimidas en un debate que tiene como problemática clave Algo similar sucede con el sostenedor particular. El Mineduc apenas tiene un registro de su número y solo estudios muy recientes, realizados en el ámbito académico, se han detenido en una caracterización de estos (Brunner, Elacqua y otros, 2006, parte I).