Kinesiología y discapacidad, perspectiva para una práctica basada en derechos

62 la Discapacidad y de la Salud (CIF 5 ), favorece una visualización algo más positiva que no releva la deficiencia sino su relación con el entorno, y establece que la discapacidad es un continuo funcional cambiante según contextos. Sin embargo, la mixtura actual biomédico/biopsicosocial, forma una manera de análisis que no permite una real asociación a una perspectiva de dere- chos en el complejo entender del concepto. Ejemplificando el contexto, los Centros de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) dependientes de los diversos Servicios de Salud del país contemplan la ejecución de talleres protegidos de distinta índole, los que, similares a los talleres laborales de algunas escuelas especiales, no cuentan con una orientación posterior asociada a autonomía funcional e independencia y, de hecho, generan mayor segregación (aunque puedan ser útiles, por ejemplo, en el inicio de cooperativas inclusivas como mecanismo de empleo digno y democrático (CIESCOOP, 2018, pág. 7). Diferentes estudios han mostrado que las empresas reconocen la falta de preparación y capacitación de las personas con discapacidad al momento de insertarse laboralmente (OIT, 2013), lo que mantiene un grado de “dependencia institucional” ya que, si bien cuentan con efectos positivos en términos de la calidad de vida de las personas con discapacidad, principalmente so- bre la autoestima, la autonomía personal y la inclusión social (Astudillo, Asún, Cottet, Guajardo, & Recabarren, 2015), su eficacia en términos de incorporación en la comunidad o de cómo ésta responde a las necesidades de las personas con dis- capacidad, ha sido cuestionada. La estrategia RBC, en su perfil de atención socio-sanitario, ha permitido aumentar la cobertura y atención en diversos niveles y territorios, pero carece de redes intersectoriales más fuertes que favorezcan un proceso global de acceso al goce de derechos. En relación con la asociación del modelo biopsicosocial de la RBC, Astudillo et al. (2015) consideran que “este buen resul- tado, de lo llamado clínico, se aprecia trunco en el marco de una estrategia más global de lo que constituye la RBC, donde lo central es el desarrollo comunitario para favorecer los procesos de inclusión social. Al respecto, los aspectos de comunidad y desarrollo comunitario tienden a ser limitados por la demanda y programación del sistema de salud que sitúa a los CCR como un centro estándar de salud […], (circunscribe) lo comunitario a prestaciones […] De esta forma, la RBC-CCR adquiere más una forma de externalización de acciones hospitalarias y una descentralización a nivel local de los sistemas de rehabilitación más que un proceso de inclusión y trabajo comunitario” (As- tudillo et al., 2015, pág. 49). En relación con lo anterior, y en función de las perspectivas de los equipos de rehabilitación que han tenido cercanía con la inclusión laboral, se plantea que la falta de nexos y expe- riencia con el empresariado (porque no es parte de sus líneas de acción principales) y, por tanto, desconocimiento de su realidad, muchas veces obstaculiza los procesos por conside- rar a las empresas las culpables de la no contratación (lo que favorece el círculo vicioso de desinformación, y por tanto, la mantención de prejuicios). O más aún, como han tratado a sus “pacientes” desde el modelo que releva la deficiencia, tienden a valorar menos el potencial funcional de sus usuarios (Zondek, 2015). La CDPD hace hincapié en un nuevo entendimiento al proceso de rehabilitación, el que según Cisternas (2010) po- dría plantearse como un “nuevo derecho” por la cercanía que establece entre un proceso clínico y el desenlace sociolaboral y al que debiese poner mucha más atención. Acerca de ello, se refiere a la rehabilitación como un proceso “continuo y coordinado, tendiente a obtener la restauración máxima de la persona con discapacidad en los aspectos funcionales, físico, psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional, con el fin de integrarla o reintegrarla como miembro productivo a la comunidad” (Cisternas, 2010, pág. 13); algo que ya había sido puesto en evidencia en el Art. 1 del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (“personas inválidas”), núm. 159, de la OIT, que indica que se “deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad” (OIT, 1983, págs. 1-2). Las personas con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan la in- clusión (OIT, 2014), por lo que el acceso al mundo del trabajo, de forma plena y digna, significa re-pensar los modelos que no han considerado el carácter multidimensional de la discapaci- dad, lo que implica reunir diversas miradas y disciplinas en el cuestionamiento de una problemática política, de derechos, y sociocultural. Los efectos de no volver a pensar la discapacidad en términos de enfoque de derechos, ha significado costos importantes no solo a nivel social sino también económico. En nuestro país se ha visto que la pobreza y la distribución de ingresos se manifiestan según pertenencia a pueblos indíge- nas, estatus migratorio o situación de discapacidad (CEPAL, 2016), quienes generalmente están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad social y legal. Los resultados de la ENDISC II evidencian brechas en múltiples dimensiones, entre las que destacan ámbitos como la educación, el trabajo, la percepción del entorno y la discriminación y son más notorias según el tipo e intensidad de la discapacidad. De hecho, la población en situación de discapacidad leve a moderada percibe un ingreso promedio equivalente al 70% del ingreso de la población sin situación de discapacidad, proporción que se reduce al 62% en el caso de la población en situación de discapacidad severa (SENADIS, 2015). Mediante una comparativa internacional, en Chile la brecha de empleo de grupos desaventajados, dentro de los que se encuen- tran las personas con discapacidad, es mayor al promedio de los países OCDE, lo mismo que el nivel de inseguridad general, 5 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) constituye el marco conceptual de la OMS para una nueva comprensión del funcionamiento. Forma parte de la Familia de Clasificacio- nes Internacionales (FCI) junto con la CIE, y ambas son complementarias en su uso. (DEIS, s/f)