Más comunidad más prevención: manual para gestión local de seguridad

Manual: Más Comunidad Más Prevención 7 Introducción Introducción La presente publicación aborda la Gestión Local de Seguridad. Ésta ha sido definida por el CESC (2017) como un “Conjunto de procesos, actividades, funciones, estrategias, programas e iniciativas destinadas a la prevención del delito y la violencia, donde existen recursos humanos, financieros y administrativos, que son gestionados por los gobiernos locales, con la colaboración y cooperación de actores dentro y fuera del municipio”. Este proceso se ha dado de manera bastante heterogénea a lo largo de la región latinoamericana, facilitando o dificultando la mate- rialización de la gestión local de seguridad, la fortaleza o debilidad de las autonomías y competencias territoriales. Una característica relevante de la gestión local en América Latina, es que aún se está lejos de alcanzar un nivel de descentralización que permita disponer de los recursos necesarios para asegurar políticas públicas eficientes y sensibles a las particularidades de lo local. Este marcado centralismo trae consigo instancias alejadas de la ciu- dadanía para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades crecientes de la población. En muchos casos, no existe una institucionalidad local que cuente con dominio técnico y/o un soporte estructural que facilite su incorporación en la toma de decisiones o el diseño de las políticas públicas. Los gobiernos locales se ven en- frentados a una importante disyuntiva, pues a pesar de la ausencia de recursos, la precariedad institucional y el escaso nivel de autonomía para la toma de decisiones, reciben la demanda constante de la ciudadanía. Para analizar este problema, mencionar que la gestión pública desarrolla cuatro procedimientos que explicarían las dificultades para un trabajo coordinado que aborde los diversos factores en los distintos niveles, e impedirían un ajuste adecuado a la variabilidad del contexto. El primero de estos procedimientos se refiere a que la administración pública tiende, en sus diagnósticos, a co- nocer a los sujetos de intervención en términos de su carencia, es decir, en términos de aquello que no tienen (como vivienda, educación, seguridad, salud, etc.). Esto se traduce en diagnósticos insuficientes, que descono- cen los recursos comunitarios existentes (como conocimientos, capacidades, redes de apoyo, otros) sobre los cuales apoyar la gestión pública. A su vez, este procedimiento promueve beneficiarios pasivos, limitados a ser receptores y exigir soliciones efectivas. Como consecuencia de lo anterior, se genera un segundo procedimiento en la institucionalidad (gobierno y po- licía) consistente en asumir “toda la responsabilidad” frente a los problemas de inseguridad, viéndose la mayoría de las veces, limitados en sus recursos para abordarlos efectivamente. Esto ha derivado en que no siempre se logren los objetivos que se han trazado, incrementando la desconfianza en los beneficiarios y generando una brecha cada vez más amplia entre las expectativas de la ciudadanía y lo planificado. Un tercer procedimiento que afecta la eficiencia, es que las políticas públicas operan desde arriba hacia abajo (top-down), es decir, se diseñan para todos sin atender las particularidades de los beneficiarios y sus contextos