Palabra Pública N°23 2021 - Universidad de Chile

Septiembre cerraba así su ciclo de conmemora- ciones tanto de memoria y derechos humanos, como de celebraciones de fiestas patrias: vulnerando valores elementales de solidaridad y respeto hacia los DDHH en nombre de un patrioterismo añejo. Tanto así, que organismos internacionales denunciaron de inmediato el episodio, exigiendo al Estado chileno protección y dignidad para los migrantes. Este hecho desató el debate sobre la política mi- gratoria de Chile. Una Ley de Migración y Extranjería aprobada en abril de 2021 que, básicamente, regula la migración desde una perspectiva de seguridad y no de derechos humanos. Sin embargo, lo que tampoco puede quedar fuera de esta discusión es el dato de que en diciembre de 2018, Chile se restó del Pacto Mundial para la Migra- ción de Naciones Unidas con el argumento de que la migración “no es un derecho humano”. No fue casual entonces que comenzáramos a ver llamativas deportaciones masivas de migrantes vestidos con overoles blancos como si se tratara de delincuen- tes; declaraciones de personeros públicos asociando la propagación del virus con la llegada de “extranjeros ilegales” o la negación del acceso a la vacuna contra el covid-19, entre mucha otras expresiones de racismo y discriminación, cuyo correlato está tanto en las llamas que el 25 de septiembre último consumieron los ense- res y atentaron contra la dignidad de decenas de seres humanos, como en el desalojo ejecutado horas antes por agentes del Estado en la Plaza Brasil de Iquique, sacando a cientos de migrantes de ese lugar. Un desalojo, como bien lo señalaron las Cátedras Amanda Labarca, la de Racismo y Migraciones Contemporáneas y la de Derechos Humanos de la UniversidaddeChile, “que fuede la calle a la calle, es decir, al desamparo”. En medio de esto, seguían apareciendo denuncias sobre abusos cometidos contra migrantes, como la que publicó CIPER el 28 de septiembre en un reportaje donde daba a conocer que la Fiscalía estaba investigan- do a más de 20 empresas relacionadas a un contratista por trabajo forzado masivo de inmigrantes en cosechas de arándanos y mandarinas. En la nota, los trabajado- res relataron que “fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas ex- tensas sin remuneraciones de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio”. Sin duda es urgente cambiar el sentido de una polí- tica pública migratoria cuya orientación no solo desco- noce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano. Esto último es lo que entendieron miles de personas cuando, en febrero del 2019, el presidente Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para asistir a un acto por Vene- zuela que concitó la atención de los medios de todo el mundo. En dicho evento, promovido urbi et orbi , el presidente habló de un “compromiso moral, de solida- ridad con el pueblo venezolano”. Algunos tuvimos más suerte cuando, en décadas anteriores, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, proclamó su solidaridad con los miles de chilenos y chilenas que partíamos al exilio luego del golpe de Estado de 1973 y fuimos recibidos con el res- peto y la dignidad que en nuestros países se nos negaba. Venezuela, su gente, su pueblo, nos abrió sus puer- tas y nos acogió con nuestros desgarros. Hoy, miramos con vergüenza el coche de una gua- gua venezolana consumido en la hoguera de la xenofo- bia y la intolerancia. 5