Palabra Pública N°19 2020 - Universidad de Chile

La frecuencia con que escuchamos frases como "diversificar las exportaciones", "transformar nuestra matriz productiva" o "crecer respetando el medio ambiente" parece tener una relación indirectamente proporcional con nuestra capacidad de ponerlas en práctica. Una realidad que puede cambiar después de una crisis social y sanitaria que hasta los más conformistas reconocen podría ser un punto de inflexión en la manera como Chile se desarrolla. En la antesala de un proceso constituyente que forzará la toma de definiciones en la materia, conversamos con Ricardo Ffrench-Davis, Maisa Rojas y José Miguel Ahumada para encontrar señales que nos guíen por ese camino. POR FRANCISCO FIGUEROA L a economía chilena enfrenta serias dificultades para encontrar una senda de desarrollo justo y sostenible. El dilema no es nue- vo: Chile completa 20 años de productividad estancada y al menos 15 de bajo crecimiento. Pero lo añoso del dilema no le ha quitado complejidad. Por el contrario, las crisis social, ambiental y sanitaria han enredado los propios términos del dilema y am- pliado significativamente sus alcances. ¿Se escondían nuestras desdichas actuales en los logros pasados? ¿Cuánto aguanta el planeta el imperativo del crecimiento? ¿Son siquiera preguntas que la sociedad y el Estado pue- dan responder? ¿O estamos indefectiblemente en manos de los superricos? Ricardo Ffrench-Davis, cofundador de CIEPLAN y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, reduce la incertidumbre reponiendo la centralidad de la desigualdad: “no hay crecimiento sostenible si no es incluyente”. Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y presidenta del Comité Científico de la COP25 para Chile, pone sus esperanzas en el camino hacia la carbono-neutralidad: “nos obliga a pensar en el largo plazo”. Y José Miguel Ahumada, profesor del Instituto de Estudios Internacionales y especialista en economía política del desarrollo, reconoce lo difícil pero ineludible de “introducir una ra- cionalidad pública” en la determinación de las inversiones de los grandes grupos económicos. 11