Palabra Pública N°17 2020 - Universidad de Chile

oriente, y mientras el Presidente de la República se des- plazaba desde La Moneda hasta su residencia, la comitiva que lo escoltaba se detuvo en el sector de Plaza Italia/Plaza de la Dignidad. Allí, descendió de su vehículo, caminó hacia el monumento del general Baquedano, se sentó a sus pies y se hizo fotografiar por los escoltas. La selfie, to- mada en medio de la plaza símbolo del estallido social, en ese instante desierta, no pasó inadvertida. Días después, el mismo presidente deslizaba la posibilidad de no realizar el plebiscito en la nueva fecha prevista, 25 de octubre, adu- ciendo como causa la profundidad de la crisis económica que golpearía al país. Los partidos de la oposición, hasta ese momento más bien afásicos, junto a líderes sociales y sectores afines al propio gobierno, alzaron la voz advirtiendo la gravedad de dicho acto. Las alarmas se encendieron. Aun cuando la pandemia dejaba al descubierto las profundas desigual- dades sociales y la inexistencia de un Estado capaz de ga- rantizar los mínimos estándares de derechos y seguridad social a amplios sectores de la población, el evidente pro- tagonismo del Ejecutivo en el control de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía podía tener como correlato no sólo la mayor precarización del mundo laboral, con tasas de desempleo que ya anunciaban la gravedad de la crisis económica. Podía servir también para saciar la ten- tación de algunos de aprovechar la pandemia y sus efec- tos para neutralizar/frenar/relativizar las consecuencias y acuerdos políticos y sociales derivados del estallido social. 4 Don Aníbal mira a la pantalla y se le humedecen los ojos cuando su terapeuta le pregunta cuánto extraña a su mujer, muerta de un infarto poco antes del inicio de la pandemia. Por ello, y venciendo su habitual laconismo, le confiesa que recuerda ese instante en que los dos, ro- deados de cientos de miles de manifestantes, estuvieron en la marcha del 25 de octubre. ¡La marcha más grande de Chile! insiste, porque este hombre que vive su duelo en cuarentena es parte de ese país para el que la crisis sanitaria no eclipsa la crisis política y social que originó el estallido. El viejo es porfiado, tal vez el guionista de la serie tam- bién decida matarlo. Pero qué duda cabe de que ese perso- naje algo deprimido pero vital y rebelde encarna el sueño de un Chile republicano que reacciona asumiendo el gesto ético de la indignación como la única respuesta posible ante abusos que con el virus se tornan más elocuentes. 5 La pandemia trajo no sólo miedo, muerte y miseria, también invocó nuevos términos acuñados a lo largo de estos meses. Cuarentena, confinamiento, teletrabajo, Ley de Protección al Empleo, nueva normalidad, entre otros. Pero en Chile cada término posee dos acepciones depen- diendo de quién sea el destinatario. Y es que una cosa es la cuarentena o el confinamiento en sectores acomodados, y otra es la cuarentena en pocos metros cuadrados, en haci- namiento, en cités con migrantes desprotegidos/discrimi- nados/racializados. Lo mismo que pasa con la Ley de Pro- tección al Empleo, que por un lado permite al empleador dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores, pero por otro lo autoriza a repartir las utilidades entre sus accionistas. El ejemplo de Cencosud, la empresa que incorporó recientemente a su directorio a Felipe Larraín, quien hace sólo seis meses era ministro de Hacienda de Sebastián Pi- ñera, es la metáfora brutal de las dos acepciones de cada concepto. Porque si bien los empleados de Cencosud pue- den no recibir su sueldo en el mes de abril, los accionistas de esa empresa, dueña de París, pueden repartirse el 80% de las utilidades al 30 de abril (220 millones de dólares) amparados en la misma Ley de Protección al Empleo, porque, como lo denunció el periodista Daniel Matamala en su columna “Perfectamente legal”, publicada el 3 de mayo en La Tercera, exigirles que no se repartan las utili- dades “viola la Constitución”. 6 Con el aumento alarmante de contagiados por Covid-19 a inicios de mayo, y con el virus emigrando de las comunas del sector oriente de Santiago al sector poniente de la ca- pital, donde están las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, el llamado a “la nueva normalidad” efectuado por el gobierno resulta preocupante. No sólo por- que puede leerse como el resultado de la presión de sectores empresariales, sino porque sumado a ello persisten las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducen a la toma de decisiones en materia sanitaria. Así lo han reite- rado la presidenta del Colegio Médico y otras autoridades, así como los científicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que congelaron su participación en la mesa de datos aduciendo las mismas razones. La crisis sanitaria ha desnudado no sólo las graves carencias del sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de manera igualitaria –ya en épocas norma- les– el derecho a la salud. Antes fueron las pensiones, la educación o los derechos laborales. Es el rol del Estado el que una vez más exhibe su precaria desnudez en la plaza pública. Y es el rol de la política –para la que no existe cuarentena– seguir haciéndose cargo de aquello. Eso lo tiene claro hasta don Aníbal, un viejo rebelde y republicano que ningún virus ha podido matar. 5