Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

unque desde los orígenes de la República se consideró a la ciencia, fue a partir de la formación de la Corfo, en 1939, que se instaló la idea de que la ciencia y tecnología es central para el desarrollo del país. A partir de ese momento se generaron grandes debates sobre política científica y tecnológica, sobre in- dustrialización y desarrollo, que se desplegaron en dos perspectivas diver- gentes. Por un lado, en torno a la ciencia, la educación universitaria y la cultura, impulsada fundamentalmente por quienes “investigaban” en las universidades y por los jóvenes doctorados que venían llegando al país, que conformarán la elite científica. Bajo esta mirada se crearon insti- tuciones como la Academia de Ciencias, las facultades de ciencias, sociedades científicas y Conicyt. Por otro lado, se desarrollaron las aplicaciones de la tecnología y la ciencia a la industria y el desa- rrollo económico. En esta línea, se multiplicaron los institutos de investigación del Estado y comenzaron debates impulsados por investigadores aplicados, ingenieros y economistas al ale- ro de instituciones como Corfo, Odeplan y agencias internacionales como Cepal. Instauración, desarrollo y consolidación del modelo actual El golpe de 1973 truncó esos desarrollos y la CyT perdió prioridad con el régimen dictatorial. A poco andar, la noción de eficiencia económica comenzó a invadir todos los campos. La elite científica se centró en defender la relevancia de la ciencia para la cultura y la educación universitaria. La dictadura desmontó la ciencia como asunto institucional y social, quitándole el financiamiento a las universidades, y la transformó en un asunto competitivo individual (proyectos Fondecyt, 1982). Fue un modelo que contribuyó a formar masas críticas de investigadores e introdujo la ética del individua- lismo y la competencia (egos, influencias, recursos) en la ciencia. La tecnología, por su parte, se desentendió de la estrategia de país y se concibió como un bien de capital para las empresas privadas, como un commodity importable y, a lo más, “adaptable” a las necesidades. En paralelo, se truncaron los esfuerzos por desarrollar una base tecnológica nacional con el desmantelamiento de los institutos de investigación del Estado. Los gobiernos posteriores a la dictadura continuaron con el modelo y crearon diversos programas e instrumentos que impulsan proyectos más prolongados y con mayores recursos, como los Fondap (1997, Conicyt), la Iniciativa Científica Milenio (2000, Mideplan), los Centros Basales y Consorcios Tecnológicos (2004, Conicyt) y los “Centros de Excelencia” (2006, Conicyt). Aunque algunos de estos programas apuntaban a temas país, las métricas de evaluación y la lógica individual prevalecieron. Así, importantes recursos públicos se concentraron en la elite científica y en pocas unidades, apuntando progresivamente a crear grandes empresas científicas con lógicas esencialmente privadas, produciendo un natural conflicto con las universidades pro- veedoras de infraestructura, formación y estudiantes. En el ámbito de la tecnología también continuó el espíritu de las políticas de la dictadura. Una prueba de esto es el hecho de que la matriz productiva chilena mantu- viera (¿o profundizara?) su sesgo extractivista y la baja complejidad productiva del país. POR CLAUDIO GUTIÉRREZ Y MERCEDES LÓPEZ 101