Palabra Pública - N°9 2018 - Universidad de Chile

Sin embargo, tal como ha venido sucediendo en buen parte del mundo, el incremento en las tasas de utili- zación de las tecnologías digitales implica necesaria- mente un aumento de la dependencia a ellas y crea nuevas vulnerabilidades, lo que hoy se expresa en la ocurrencia, cada vez más frecuente, de incidentes y ataques informáticos, algunos de los cuales tienen propósitos delictivos, de afectación de derechos de las personas o, incluso, amenazas al funcionamiento de las infraestructuras críticas del país. En estas tres dimensiones hay medidas que nuestro país debiera asumir en el corto plazo. En materia de ciberdelitos, urge la reforma la legal que junto con implementar el Convenio de Budapest, ac- tualiza nuestra roñosa ley de delitos informáticos que data de 1993, estableciendo tipos penales específicos para los nuevos fenómenos criminales como el phi- shing , el acoso sexual en redes digitales, la pornoven- ganza, entre otros. En materia de protección de derechos de la perso- nas, se debe avanzar en la aprobación de un nuevo marco regulatorio sobre protección de datos perso- nales, que está en discusión legislativa en el Senado y que, en caso de ser despachado, podría significar un incremento considerable en el nivel de protección de la información personal, que como muchos han sostenido, se trataría del petróleo que moviliza a la sociedad de la información. En esta misma dimensión —la protección de los de- rechos de las personas— se deben adoptar los resguar- dos necesarios, ya sea a nivel legislativo o judicial, para que no se repitan las actuaciones lamentables como el Caso Huracán, que supuso no sólo la implantación de evidencias falsas en diversas investigaciones criminales, sino que también un uso indiscriminado de las facul- tades que la ley de inteligencia le entrega a los cuerpos policiales. En este sentido, urge una discusión sobre el alcance de las operaciones especiales de inteligencia y las reglas sobre control civil y judicial de su ejecución. En materia de infraestructura crítica se debe avanzar decididamente en el establecimiento de un marco nor- mativo que regule la acción del sector público y del sector privado orientada a la protección de aquellos activos tangibles y digitales que son esenciales para el normal funcionamiento del país. Como hemos visto en la experiencia de otros países, la infraestructura crítica se ha ido transformando en un espacio especialmente crítico en los conflictos internacionales. Este conjunto de medidas mínimas debiera bastar para elevar los estándares de seguridad digital del país, para encarar eficazmente los ciberdelitos y para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos en el ciberespacio. Con todo, para que alcanzar un mayor nivel de madu- rez en materia de ciberseguridad sea posible, no pode- mos dejar de lado nuestras prácticas y usos personales de la tecnología. Medidas tan simples como utilizar clave en nuestros teléfonos y computadores, no abrir correos sospechosos, no compartir información perso- nal en redes sociales y enseñar a niños, niñas y adoles- centes a usar responsablemente las tecnologías digitales podría bastar para lograr el objetivo de contar con un ciberespacio seguro. “La Política Nacional de Ciberseguridad es el primer instrumento del Estado de Chile que tiene por objeto resguardar la seguridad de las personas y de sus derechos en el ciberespacio” P.25 Nº9 2018 / P.P.