Palabra Pública - N°8 2017 - Universidad de Chile

No soy abogado, pero veo que hay, además de bienes públicos de uso público, bienes privados puestos al servicio público o ins- tituciones privadas que generan bienes públicos. En los debates del último tiempo se ha sostenido que hay universidades con “dueño” que pueden cumplir una función pública. ¿Pueden? Habrá que ver, porque en esta materia hay casos preocupantes. Hay universidades que son propiedades de instituciones eclesia- les bastante sectarias. Existen universidades católicas, por ejem- plo, en las que la intervención eclesiástica inhibe la libertad de pensamiento. No son autónomas. No son, en realidad, verdade- ras universidades. Es esencial a toda universidad el uso libre de la razón. Ocurre, lo hemos visto, que una autoridad eclesiástica con un solo garrotazo endereza la fila. ¿Por qué el Estado tendría que financiar a una universidad cuyo catolicismo, por ejemplo, está al servicio de los más ricos del país? Pero si el Estado pudiera exigir que las universidades priva- das sean verdaderas universidades, es decir, que garanticen en ellas una investigación sin censura y una auténtica libertad de cátedra, no debiera haber problema con que reciban un finan- ciamiento estatal. Es más, sería bueno que el Estado ayudara a financiarlas. El fin del Estado es garantizar que los bienes que pertenecen a todos efectivamente puedan ser utilizados por to- dos. Si, por el contrario, los funcionarios que controlan el Esta- do quisieran monopolizar el espacio público, le harían un flaco favor a la nación, porque en vez de aprovechar la creatividad de “¿Cómo veo la laicidad? A propósito de las religiones, creo que lo laico no se opone a lo religioso. Sí se opone al aprovechamiento que las agrupaciones religiosas pueden hacer de lo público”. P.59 Dossier / Nº8 2018 / P.P.