Informe país Estado del medio ambiente en Chile: Comparación 1999-2015

552 INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | CENTRO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INFORME PAÍS ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE 1. POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 1.1 ANTECEDENTES GENERALES RELEVANTES Vale la pena tener presente que, aun reconociendo la vigencia de algunas normativas que demostraban una preocupación más temprana por lo ambiental, particularmente desde las organizaciones ciudadanas y la academia, es en la década de los ’80 cuando surgen iniciativas institucionales que luego serían perfeccionadas en los años ’90. Particularmente significativa fue la instalación de las bases jurídicas de la protección del medio ambiente en la Constitu- ción de la República de 1980 que consagra, en su artículo 19, Nº 8, el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación siendo deber del Estado velar por el cumplimiento de esta disposición. Al mismo tiempo, en su inciso segundo, se establece que por medio de una ley se podrán imponer restricciones específicas al ejercicio de las demás garantías para lograr ese objetivo. En concordancia con lo expresado, el inciso segundo del artículo 20 de la misma Cons- titución regula especialmente el recurso de protección para garantizar este derecho, estableciendo que procede cuando ese derecho sea afectado por actos u omisiones ilegales de una persona o autoridad determinada. Por otra parte, en el artículo 19, Nº 24, inciso segundo, la Constitución establece que la conservación del patrimonio ambiental es una de las funciones sociales de la propiedad. También en los ’80 comienza a desarrollarse el marco institucional para una gestión ambiental explícita con la promulga- ción, en 1984, de dos decretos supremos, el No. 271 de junio de ese año que establece la Comisión Interministerial de Eco- logía cuyo objetivo era proponer al Presidente de la República “la creación de un organismo o sistema nacional de medio ambiente que formule, unifique, desarrolle e implemente las políticas que el supremo gobierno estime convenientes para la protección del medio ambiente y la racional utilización de los recursos naturales renovables” y el No. 680 de noviembre que creó la Comisión Nacional de Ecología, también de carácter interministerial, con el objetivo de “asesorar al Presidente de la República en las acciones generales de Gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales renovables”. Ambos decretos no tuvieron mayores frutos ya que, ni había una institucionalidad respaldándolas ni había la decisión política de ir más allá de realizar algún seguimiento a la dinámica que se estaba dando en esos años, particularmente en los ámbitos internacional y nacional brindar algún apoyo técnico reactivo frente a de- nuncias originadas en la sociedad civil. En los años `90 hay señales de cambios asociados al advenimiento de la democracia y de respuestas a la preocupación ciudadana por el deterioro ambiental. En 1990 se creó la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropo- litana que representó un paso significativo en el proceso de gestión ambiental, y se reemplazó la Comisión Nacional de Ecología de 1984 por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (DS Nº 240/90), encargándosele el “estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del Medio Am- biente”, ambas de carácter interministerial. Cabe destacar que, a partir de la creación de la CONAMA, representando la voluntad política de asumir la problemática am- biental desde el Estado, es que comienza a institucionalizarse la gestión ambiental en Chile. En lo legislativo se destacan la realización de un completo inventario de la dispersa y enorme cantidad de normas jurídicas vigentes con relevancia ambien- tal del país y, la iniciativa de mayor proyección hasta el momento, el inicio de la tramitación en el Congreso Nacional de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300 (Ley de Medio Ambiente o LMA en lo sucesivo) (Asenjo, 2006). Con la promulgación de esta Ley en 1994, hace 22 años, se adopta formalmente una noción de gestión ambiental en el país. Sus expresiones jurídico-institucionales han venido evolucionando a un ritmo creciente desde entonces.