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La Corte ha utilizado ampliamente su facultad de dictar medidas provisionales, beneficiando con ellas a cientos de personas
(víctimas o testigos). Es difícil determinar cuándo una situación es de extrema gravedad y urgencia y se discute si con esto se
permite proteger sólo los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales o si, por el contrario, la norma autoriza a
la Corte para dictar medidas provisionales en protección de cualquier derecho. La discusión no está zanjada. También se discute
dónde exactamente debe trazarse la línea entre una medida provisional de protección y otra que, junto con proteger, de alguna
manera decide sobre el fondo del asunto. Un ejemplo típico de esto último son las medidas provisionales pedidas por la Comisión
y ordenadas por la Corte respecto de la pavorosa situación de las cárceles en nuestra región. La Corte ha rechazado medidas
sustentando la decisión, precisamente, en que debe distinguirse entre la medida y la solución del fondo del caso, aun cuando sea
una solución provisoria
356
.
Un punto que no se ha discutido mayormente es si la resolución de la Corte ordenando una medida provisional es obligatoria
para los Estados. En su artículo 68, la Convención sólo explicita la obligatoriedad de “la decisión” de la Corte después de hablar
del “fallo”, por lo que podría pensarse que la disposición sólo se refiere a éste. Sin embargo, todo indica que la decisión de una
medida provisional es obligatoria para el Estado, puesto que, de lo contrario, el Estado podría anular el efecto del fallo de la Corte
respecto de lo substantivo de un caso o impedir que la Corte pudiera allegar las pruebas que necesita para su fallo, lo que implicaría
un incumplimiento de la Convención y una violación del principio
pacta sunt servanda
357
.
El actual Reglamento de la Corte parece
recoger esta posición al establecer para las medidas provisionales básicamente el mismo sistema de supervisión que para las
sentencias. En efecto, el nuevo N°7 del artículo 27 del mentado Reglamento dispone expresamente que “la supervisión de las
medidas urgentes o provisionales ordenadas se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes
observaciones a dichos informes por parte de los beneficiarios de dichas medidas o sus representantes”, debiendo la Comisión
presentar observaciones a ambos.
Los Estados, en general, han cumplido con las medidas que la Corte ha ordenado, pero hubo un caso de infracción grave de esta
obligación: la Corte dictó medidas provisionales para la protección de unos individuos que habían sido condenados a la pena de
muerte que, de conformidad a la ley interna, era una pena obligatoria
358
. Estando vigente dichas medidas, el Estado procedió
igualmente a ejecutar a dos de los sujetos en cuyo favor se habían dictado las medidas (Joel Ramiah y Anthony Briggs). Es preciso
señalar que, desafortunadamente, no hubo pronunciamiento condenatorio alguno para con el Estado infractor por parte de la
OEA
359
.
356 En la Resolución de 25 de noviembre de 2005, en la petición de medidas provisionales a favor de Jorge Castañeda (México), la Corte expresó: “8. Que la
Corte no puede, ante una solicitud de medidas provisionales, considerar el fondo de ningún argumento pertinente que no sea de aquellos que se relacio-
nan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto
en conocimiento de la Corte en los casos contenciosos o en las solicitudes de opiniones consultivas”. En
Asunto Castañeda Gutman. Medidas Provisionales
Respecto a México
. Disponible en
357 Ver en este sentido H. Faúndez L.,
op. cit.
Nota 100, pp. 416-419.
358
Caso James y otros
, en No. 2. Corte Interamericana, Compendio de Medidas Provisionales Julio 1999-Junio 2000, pp. 275-381. En particular medidas del 27
de mayo 1998 y 11 de mayo de 1999.
359 F. González,
op. cit.,
nota 351, pp. 212-215.
