Segunda parte. Informes por países de jurisprudencia relevante
en materias de justicia constitucional y derechos fundamentales
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to en el sector justicia.
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Dentro de otros aspectos que se estima de sumo interés
fortalecer se encuentra el Ministerio Público, como institución auxiliar de la Admi-
nistración pública, así como la Policía Nacional Civil. Sin embargo, para la vigen-
cia de las referidas reformas constitucionales, estas deberán ser en primer término
discutidas y aprobadas por el Congreso de la República con el voto favorable de
dos terceras partes de sus diputados y luego sometidas a consulta popular, la que
deberá aprobarlas para que cobren vigencia.
II. SENTENCIAS DE RELEVANCIA
1. Medidas sustitutivas e inconmutabilidad de la pena
Derivado de la situación de inseguridad existente en Guatemala, hacia finales de
2009 se emitió el decreto n.° 17-2009 del Congreso de la República, que consideró
que era urgente reformar las leyes que constituyen instrumentos idóneos de lucha
contra la ola de criminalidad, entre las cuales se destacan la Ley de Armas y Mu-
niciones, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Procesal Penal y el
Código Penal; especialmente en aquellos temas que permitirían que los fiscales
y jueces pudieran realizar una mejor labor de investigación, y de condena en su
caso, para combatir el alto grado de impunidad existente. En esta normativa se in-
trodujeron reformas a las leyes antes mencionadas; en su artículo 27 se estipula:
«Inconmutabilidad de la pena: Cuando la
pena
de prisión a imponerse, de acuerdo
a las disposiciones de las leyes que se reforman y la presente, sea inconmutable,
no
procederá medida sustitutiva alguna
» (énfasis agregado).
El artículo relacionado fue impugnado por inconstitucional reprochándosele
que la aplicación de la prisión preventiva devenía obligatoria con esa norma, con-
virtiéndose esta en la regla general, cuando la prisión debía ser la excepción, por lo
que se consideraron limitados los derechos de defensa y libertad personal de los
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En una propuesta de reformas constitucionales presentada por la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (asíes) en el
año 2011, se ha propuesto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean electos por un perío-
do de diez años. Además, que se renueven parcialmente, de manera que cada cinco años se renovarían
seis o siete de ellos, según corresponda, pudiendo ser reelectos hasta el límite de edad de jubilación
obligatoria. También se plantea que la presidencia se ejerza por cinco años y no por un año como en la
actualidad sucede, sistema que ha provocado serios inconvenientes ante la falta de consenso para de-
finir al Presidente, a tal grado que en una ocasión transcurrió más de la mitad del período del siguiente
sin que se lograra consenso sobre el nuevo presidente.
